El 6 de diciembre no hay elecciones en Venezuela. Lo que hay es otra farsa diseñada por los régimenes cubano y chavista-madurista que es parte de una operación política y financiera que busca mantener al régimen criminal en el poder.

Venezuela es un país ocupado por grupos del crimen organizado y el terrorismo internacional y es un régimen fallido que representa un serio peligro para todas las democracias liberales del hemisferio.

Si no hay soberanía nacional, no puede haber soberanía popular. En nuestro país hoy, la primera está extinta. Lo está porque más del 70% de nuestro territorio se encuentra bajo el control de grupos criminales armados activos, que no sólo ocupan la tierra, también manejan las actividades económicas y ejercen control social.

Tampoco hay Estado de Derecho. Venezuela está en el último lugar de todos los países del mundo según la medición de Varieties for Democracy; incluso por debajo de países que atraviesan prolongados conflictos como Siria, Libia y Yemen. Por lo tanto, si no existe Estado de Derecho, no puede haber Justicia y mucho menos el ejercicio de la soberanía popular.

Cuando en una nación, las armas, las leyes, el dinero, los medios y el territorio son controlados por las mafias, cualquier cosa que denominen “elecciones” las ganarán las mafias. Eso fue lo que descaradamente confesó el mismo Vladimir Padrino López, el general que usurpa el cargo de Ministro de Defensa: “Mientras estas Fuerzas Armadas sean antiimperialistas y chavistas, no habrá cambio político en Venezuela”.

Es inconcebible que frente a esta realidad existan “dirigentes opositores” venezolanos que acepten ser parte de esta farsa del régimen, y actores de la comunidad internacional que pretendan imponer en Venezuela condiciones que jamás aceptarían en sus países.

¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos muertos hacen falta? ¿Cuánta evidencia más de que en Venezuela se ha establecido el centro del crimen mundial y que sus tentáculos se expanden por la región desestabilizando sus gobiernos democráticos?

Existen tres razones que han justificado acciones internacionales de paz en el mundo; la primera es una violación masiva y sistemática de los DDHH. En el caso de Venezuela, la Misión Independiente de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas, el 16 de septiembre, emitió su reporte donde acusa a Maduro y a otros miembros del régimen de ser autores materiales de crímenes de lesa humanidad.

La segunda condición es la evidencia de una amenaza a la seguridad nacional de algunos países. En nuestro caso, las relaciones del régimen chavista con Irán, Rusia, Turquía, Siria y varios grupos terroristas, representa una amenaza a la seguridad nacional de cada uno de los países de este continente ya que es un proyecto expansionista que tiene vínculos con el narcotráfico y el terrorismo global y que está activamente desestabilizando países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Perú.

El tercer argumento es el riesgo creciente de un conflicto armado. No se trata de una guerra civil, ya que entre los venezolanos no existen tensiones religiosas, étnicas, ni políticas. El peligro que crece cada día es que la población civil desarmada quede atrapada en enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan el territorio y el poder.

Por lo tanto, en Venezuela se dan las tres condiciones que justifican y exigen una actuación urgente de las fuerzas internacionales de paz. Está claro que el régimen de Maduro no cederá el poder por la vía electoral o con farsas de diálogos; lo hará cuando se le obligue a dejarlo. Esto sólo será posible cuando se construya una amenaza real, con fuerzas internas y externas muy bien articuladas, que tenga un efecto disuasivo sobre quienes hoy sostienen a la tiranía. Sólo así lograremos detener la violencia, el hambre y la huida masiva de los venezolanos de su país.

Es importante entender y recalcar: en el caso venezolano no estamos lidiando con políticos autoritarios, enfrentamos criminales psicópatas. Frente a esta realidad, es lógico preguntarse por qué entonces el régimen realiza esta farsa electoral, incluso después de que las principales naciones de occidente han dicho que no reconocerán su resultado.

La realidad es que esta farsa juega un papel importante dentro de una operación de gran escala, que tiene un propósito financiero y criminal evidente. El objetivo es convertir a Venezuela en el “hub” de la legitimación de capitales del mundo y para eso necesitan reinsertar al país en el sistema financiero mundial. Hoy tienen un obstáculo: las sanciones internacionales. Para intentar que éstas se eliminen, el régimen busca dar señales de estar “dispuesto” a hacer concesiones y cumplir con ciertas formas “democráticas”. De allí que la pretensión de desmontar las sanciones tiene un único propósito: lograr que el régimen se estabilice y se termine de consolidar en Venezuela el estado mafioso-criminal.

El régimen chavista-madurista ha realizado en dos décadas 29 elecciones, 15 referendos y 13 episodios de diálogo, todos fallidos. En ninguna ocasión tuvo la menor intención de ceder algo de poder. Como consecuencia de la ingenuidad o de la complicidad de los participantes que representaban entonces a las fuerzas opositoras, tanto Chávez como Maduro lograron utilizar estos eventos para aumentar la represión y destruir las instituciones venezolanas. Simultáneamente, lograron expulsar a más de seis millones de ciudadanos.

La resolución del drama venezolano tiene que ser la prioridad para occidente. Liberar a Venezuela significa también liberar a Nicaragua y a Cuba. Mientras no se elimine el tumor que se ha asentado en Venezuela, los tentáculos de esta metástasis que tiene por delante al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, y por detrás a las mafias criminales, las redes de narcotráfico y terrorismo y a los regímenes de Irán, Rusia, China, Siria y Turquía, seguirán avanzando y destruyendo una a una las democracias de la región.

Por lo tanto, es impostergable actuar. Ya no es sólo por solidaridad con los venezolanos; es también una actuación en legítima defensa propia de cada una de las naciones del hemisferio.

*María Corina Machado es coordinadora de Vente Venezuela