Hace una semana se radicó ante el Congreso la polémica reforma a la salud. Luego de un espectáculo vanidoso y muy característico de este Gobierno, el presidente Gustavo Petro y la Minsalud Carolina Corcho nos dieron un abrebocas de un articulado que a mi juicio es muy peligroso. Es una realidad y debemos reconocer que el sistema actual tiene mucho por mejorar, es necesario que la mano del Estado llegue a sus rincones más apartados, pero también es cierto que un gran número de colombianos se sienten muy afortunados por contar con un sistema con treinta años a la vanguardia.

Gran parte de la polémica giró en torno a la posición radical de la ministra Corcho frente al rol de las EPS, según el articulado estas no desaparecen, solo se transforman para prestar servicios en los nuevos Centros de Atención Primaria (CAP) y cumplir con otras labores ajenas a su propósito actual. Entonces, señora ministra: Si las EPS cambian su actividad y dejan de cumplir su rol esencial en el sistema ¿No las está acabando? Decir que no se eliminan solo por preservar el nombre es a fin de cuentas cumplir con el único fin que tenía usted, el cual es acabar con la administración de los recursos de la salud por parte de estas entidades, dándole el control al Estado de estos dineros y a mi criterio, acabando con el sistema.

Su plan es que La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ya no solamente sea la encargada de recibir los aportes a la salud de los colombianos, ahora también tendrá la responsabilidad de hacer todos los pagos del sistema a las clínicas y hospitales, cumpliendo con el rol que en la actualidad tienen las EPS. Según el Gobierno esto convierte a los usuarios del sistema en ‘adscritos’, no en ‘asegurados’, “dignificando” así a los colombianos, pero para ser sincero esto es pura palabrería, es una fina demagogia sin sentido que lleva a una entidad sin infraestructura ni experiencia en el tema a improvisar al no saber lo que hace.

Lo anterior no lo digo sin fundamento, la historia nos ha enseñado que el Estado es el peor ejecutor, precisamente por eso se privatizó la salud. Lo que no entiende el Gobierno es que la gestión de la salud no hace parte de sus virtudes, lo cual hace evidente que la estatización del sistema nos preocupe a todos los colombianos, pues existe un gran volumen de corrupción que gira en torno a los recursos que administran directamente los fondos regionales.

Independientemente de que existan muchas cosas reprochables al sistema actual, creo que el problema no está en la tercerización de la administración de los recursos. El ex ministro de salud Fernando Ruíz en una entrevista reciente nos recordó que los más de trecientos mil colombianos internados en UCI por la pandemia no tuvieron que pagar un solo peso, esto no solo es un reflejo de la excelente gestión y articulación del sistema público-privado que existe en la actualidad, también es una muestra de que las complicaciones en la pandemia no se generaron por ese lado, a diferencia de otros países en donde las familias de los internados tenían que sacar de su bolsillo un dineral para el tratamiento de sus seres queridos.

Para mí el verdadero problema está en la capacidad: para ser atendido por un especialista la espera es de uno a tres meses por lo general, pero ese es un período de tiempo normal en comparación con otros países incluso del “primer mundo”. En España, por ejemplo, cuentan con el mismo tiempo de espera para ser atendido, el tema es que en Colombia el número de especialistas es muy bajo para la cantidad de usuarios. Según el ex ministro Ruíz solo contamos con treinta y cinco mil especialistas para toda la población, siendo evidente que una solución podría ser reducir las barreras de acceso que tienen los médicos para especializarse. Resolviendo esto, no solo se incrementa el pie de fuerza en el sector, también se economizan recursos que en este momento no tenemos.

Finalmente, nuestra última esperanza ante la improvisación recae en las manos de los congresistas. Este proyecto de ley en ningún momento especifica la viabilidad financiera de la reforma, le otorga facultades extraordinarias al presidente por seis meses después de sancionada la ley para poder llevarla a cabo, y en ningún momento aclara las formas de cómo se harán todas las transiciones propuestas. Así que no podemos esperar, no debemos permitir la quiebra del sistema por la mediocridad y el afán de un Gobierno necesitado de resultados. Si tenemos un momento para actuar es ahora, no nos dejemos coger la noche.