“La bofetada fue tan fuerte, que solo he podido recobrarme de ella al cabo de trece años. En efecto, no era un guantazo corriente, y para dármelo se esmeraron al máximo…”

Fragmento / Papillon – Henri Charrière

La tragedia que trae consigo una condena injusta, le tocó ésta vez a un hombre que vio cómo su futuro se desvanecía ante sus ojos, impotente; a pesar de la honestidad, la disciplina y el esfuerzo que habían sido constantes en su vida.

En Colombia, además del flagelo del narcotráfico, la politización de la justicia es la negación de las garantías que deben acompañar a todos los ciudadanos en una democracia liberal.

Un fallo sin pruebas, que impuso una pena con un ingrediente de sevicia, lleva la impronta de los enemigos que no querían verlo llegar a la Presidencia de la República.

La mañana del 24 de agosto de 2016, más de diez hombres armados tocaron a la puerta de la casa de Andrés Felipe Arias. Él, junto a su joven familia, habían llegado a los Estados Unidos dos años atrás, solicitando asilo político tras descubrir que en su propio país, no existían las garantías judiciales a un debido proceso.

Las autoridades norteamericanas lo encontraron en la dirección que él mismo había reportado, para dejar claro que no tenía intención de fugarse. Ese día, en cuanto supo que no volvería, se arrodilló ante Juan Pedro y Eloísa, sus pequeños hijos; quienes a su corta edad no entendían lo que le ocurría a su padre. Andrés Felipe les dio la bendición y se despidió, mientras era sometido como el peor de los criminales.

Recluido en el Special Housing Unit -SHU-, lo esposaron de pies y manos; no se le permitía hablar con nadie y fue aislado en una unidad de confinamiento solitario, a la que sólo van a parar los presos más violentos o de “alto perfil”.

Su familia sólo podía verlo una hora, una vez por semana; sus hijos presenciaron cómo la salud de su padre se deterioraba por afecciones respiratorias que contraía como consecuencia de las frías celdas en las que pasaba sus días.

Era la segunda vez que el exministro de Agricultura era privado de su libertad; pues su calvario inició en el año 2011, cuando el Tribunal Superior de Bogotá le dictó medida de aseguramiento por el escándalo del programa ‘Agro Ingreso Seguro’, una iniciativa que surgió durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para entregar préstamos con bajas tasas de interés a agricultores colombianos.

Quienes hicieron la trampa, reconocieron su error y devolvieron los recursos, siendo absueltos con el premio de no pagar un día de cárcel; sin embargo, la historia de Andrés Felipe Arias fue muy distinta.

La dura batalla para demostrar su inocencia tuvo resultados completamente inesperados y desapegados al debido proceso. El 16 de julio de 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia de única instancia en contra de Arias, condenándolo por “celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros”; actuaciones que jamás fueron evidenciadas por el Alto Tribunal.

Tal y como lo manifestó el Magistrado Eugenio Fernández Carlier, quien presentó salvamento de voto con serias discrepancias a la decisión tomada por la Corte, la Fiscalía no demostró la responsabilidad del exministro en el delito de celebración indebida de contratos y estimó que en su conducta tampoco hubo mala fe, ni dolo y que mucho menos se había quedado con dineros pertenecientes al programa ‘Agro Ingreso Seguro’.

Sus verdugos fueron personajes con una baja reputación probada, al estar involucrados en la escandalosa red de corrupción conocida como el “Cartel de la Toga”, donde fueron públicas las denuncias que los señalaban del cobro de cifras millonarias a involucrados en sus investigaciones.

Arias, por su parte, conserva una hoja de vida impecable que inició con el Premio Andrés Bello, por obtener el puntaje más alto en las pruebas ICFES. Tras prestar el servicio militar en la Cuarta Brigada de Medellín, comenzó una brillante carrera académica, graduándose como Economista Magna Cum Laude en la Universidad de los Andes, donde también obtuvo una Maestría en Economía.

Siendo un alumno ejemplar, ganó la Beca Lauchlin Currie que otorga el Banco de la República; cursó otra Maestría y un PhD en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en los Estados Unidos.

Su trayectoria incluye cargos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington D.C., el Departamento de Economía de UCLA, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por supuesto, el Ministerio de Agricultura. En la academia, fue Profesor Magistral de Economía Internacional Avanzada, Economía Monetaria Internacional, Finanzas Internacionales, entre otros, en distintas universidades.

Arias regresó al país el 12 de julio de 2019, extraditado a Colombia sin existir un tratado vigente, por la obstinada gestión de funcionarios de la Cancillería, aupados por Juan Manuel Santos para retaliar contra Uribe y el uribismo -que contradictoriamente lo había llevado a la Presidencia-; mientras negociaba la entrega total de impunidad para los terroristas de las Farc en La Habana.

La estrategia mediática de venderle al mundo la idea de que Andrés Felipe Arias le quitó dinero a los pobres para dársela a los ricos, caló perfectamente. Le destruyeron la vida a un hombre joven cuyo único pecado era ser el digno sucesor de un gobierno que por ocho años, había luchado para rescatar al país de la violencia de los grupos ilegales.

Lo condenaron por lo que él representaba, por ser el sucesor más opcionado de Uribe y una amenaza para ‘el régimen’. El mismo régimen que se robó las elecciones presidenciales y negó la voluntad del pueblo manifiesta en el plebiscito.

Esperemos que el camino abierto con la decisión de la Corte Constitucional en sentencia de tutela, atendiendo el derecho universal a una segunda instancia, llegue por fin con un juicio justo que cambie el curso de la historia.