Tras una ola de legalización alrededor del mundo, en países como Canadá, Uruguay y varios estados de EEUU, Colombia decidió dar un paso adelante frente a la legalización del cannabis medicinal en el año 2016. Aunque fue una decisión muy controvertida, el Estado Colombiano se cercioró de hacerlo de la manera más cautelosa posible, puesto que únicamente es posible cultivar la planta con unas licencias especiales y garantizando que el cultivo fuera realizado con semillas que no pudieran producir THC, componente clave para el uso recreacional de la planta.

Desde el momento de la legalización, grandes empresas extranjeras han visto con buenos ojos realizar inmensas inversiones en Colombia para producir Cannabis medicinal. Simultáneamente, muchos pequeños y medianos empresarios colombianos han aprovechado la oportunidad y han emprendido el largo, demorado y costoso camino de la legalidad para la siembra de este tipo de cultivos. Como era de esperarse, las licencias no solo demandaban requisitos formales y materiales para ser entregadas, sino que la burocracia propia de la idiosincrasia política de nuestro país tomó las riendas del asunto.

Luego de seis largos y arduos años en el proceso, los empresarios logran cosechar los primeros frutos de su esfuerzo y se presenta un nuevo desafío ante la noticia de la eventual permisividad del gobierno actual. El pasado 11 de agosto de 2022 Gustavo Petro en el suroeste del país, zona donde abundan los cultivos ilegales, propone legalizar el Cannabis en Colombia sin licencias en una reunión con alcaldes del pacífico. Tratando de equipararlo con los cultivos tradicionales del maíz y la papá, pretende darles acceso a cultivadores campesinos, a quienes quiere apoyar, aunque no cuenten con el suficiente musculo financiero como las empresas internacionales, quienes se beneficiarían exclusivamente al final del ejercicio según Petro.

Esta propuesta puede tener consecuencias positivas económica y socialmente para el país, de acuerdo a la visión del Presidente Petro, al lograr crear una fuente de exportaciones creciente y, a su vez una disminución de la violencia que causa el narcotráfico.

Aunque las ideas loables del presidente tengan tan buenos resultados como él afirma, es pertinente contemplar que a este gremio le cambiaron las reglas del juego a pesar de cumplir todos los requisitos y sobrecostos que el Estado le impuso inicialmente. Ahora que se ve viable el negocio, el gobierno quiere desconocer y perjudicar personas con derechos adquiridos.

Esta decisión muy probablemente resulte muy mal vista a nivel internacional, ahuyentando la inversión extranjera del país actualmente y en el futuro. Entonces me pregunto, ¿dónde queda la estabilidad jurídica de los primeros cultivadores?, ¿dónde queda el esfuerzo, inversión económica e intelectual de los primeros empresarios que le apostaron a esta industria?, ¿qué costo tiene esta decisión para el país?