Ellos son blancos y se entienden, pero no entienden: Por Juan José Guzmán Ayala

Juan José Guzmán Ayala
Juán José Guzmán Ayala
Economista y Profesional en Desarrollo Sostenible de Columbia University
Twitter. @jj_guz
Instagram. @jay.guz


Acelerar el crecimiento de la economía, la reactivación, la creación de empleo y la estabilización de la situación fiscal, son los objetivos necesarios, pero bastante insuficientes, que hoy guían la agenda de la política económica en Colombia.

Ante la pérdida de grado de inversión de la calificación de riesgo soberano del país, unos pocos funcionarios están planeando medidas para mitigar el riesgo que tiene  ansiosos a los inversionistas, quienes han perdido confianza en la capacidad del país para pagar la deuda pública. Muy probablemente, los riesgos que Colombia enfrenta en el mediano y largo plazo no han ocurrido en el pasado.

Nos encontramos ante un futuro lúgubre donde los fundamentos biológicos, químicos, climáticos y ecológicos, que nos han permitido gozar de un crecimiento sin precedentes, están colapsando. Debemos entonces plantear cómo la política económica de hoy puede exacerbar o mitigar los riesgos sociales, culturales y económicos de la crisis climática. Por eso, la manera como logremos crecimiento y estabilidad puede llegar a ser aún más importante que la estabilidad en sí misma.

Un estudio reciente hecho por parte de un grupo de universidades en el Reino Unido, revela que para el año 2030, 63 países verán una pérdida de al menos un grado en su calificación de inversión, equivalente al golpe que acaba de sufrir Colombia, debido a los efectos del cambio climático. 

Pero, es válido preguntar ¿cómo afecta el clima la capacidad de un Estado para pagar su deuda? La calificadora de riesgos Moody’s, establece que los cambios en los patrones climáticos causados por la emisión de gases de efecto invernadero, se transmite a la economía de dos maneras.

La primera, a través del incremento en la severidad de eventos climáticos extremos como sequías, la lluvia en exceso, y las olas de calor. Estas pueden, por ejemplo, causar pérdidas de cosechas, destrucción de la infraestructura, un incremento en los costos de la energía hidroeléctrica, el desplazamiento masivo de refugiados climáticos y la expansión de vectores de enfermedades tropicales como el dengue.

La segunda, a través de cambios regulatorios y de mercado, que pueden causar que sectores prósperos como el del carbón colombiano, se encuentren ante una acelerada pérdida de demanda a causa de la política de muchos países importadores de cerrar sus plantas térmicas de generación eléctrica. El cambio climático es un riesgo tangible para la economía real en el mediano plazo. Estos dos mecanismos de transmisión del riesgo climático hacia la economía, explícitamente ponen en riesgo el potencial de crecimiento del PIB, la capacidad de recaudo tributario, y la estabilidad política y social de un país, por tanto impactando la idoneidad del estado para pagar sus deudas.

Puede que no podamos ver venir las próximas crisis socio-políticas del país, pero tenemos a la ciencia que nos indica que la crisis climática es incierta en su magnitud, más no en su existencia. Un acercamiento falaz a la política fiscal se plantea lo climático como ajeno, o lejano, al mandato constitucional del Ministerio de Hacienda. Que esta sea una oportunidad para reevaluar lo “ambiental” como fundamental para la prosperidad y la sostenibilidad fiscal. 

El paro nacional nos demuestra que, una de las cosas más peligrosas de la política pública, es que sea construida por técnicos y burócratas brillantes con una lectura deficiente de la coyuntura que recibirá sus propuestas. Antes que técnicamente viable, cualquier medida que tome el Estado debe ser viable desde lo político y social. Por esta razón, incorporar la mitigación del riesgo climático dentro de la política fiscal, no puede ser solo una tarea de economistas y científicos, debe ser un ejercicio concertado con el sector privado y la sociedad civil, para no reemplazar la democracia por una tiranía tecnocrática. . Podemos tener un mundo perfectamente blindado contra el cambio climático, pero donde la inequidad y la falta de oportunidades se mantienen vivas dentro del profundamente injusto status quo del presente.

No es suficiente que las medidas fiscales que se tomen hoy recuperen la confianza de los inversionistas y estabilice el déficit resultante de la crisis causada por la pandemia. Es necesario que la misma atención que se le presta a la reforma tributaria, a la reforma a la salud, a la implementación al Proceso de Paz, y otros, se le preste a las medidas de política económica que deben empujar a Colombia hacia la construcción de resiliencia sistémica, que nos permita afrontar los impactos de la crisis climática que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal, social y económica de nuestro futuro próximo.  

Los pronunciamientos del Ministerio de Hacienda deben entrar al siglo XXI y abandonar el discurso acartonado y redundante del pasado. No se trata de crecimiento  económico, se trata de crecimiento que descarbonice la economía y distribuya sus ganancias de manera equitativa. No se trata de reactivar el aparato productivo, se trata de transformarlo. No se trata de crear empleos, se trata de crear trabajos dignos y verdes. 

En el caribe, se dice “ellos son blancos y se entienden” para decir que personas con iguales características se comprenden y es mejor no intervenir en el asunto. Pero ante los adictos al tinto y las hojas de cálculo financiero, es una responsabilidad cívica hacer el llamado de atención. Si no es por el medioambiente, por las generaciones futuras, y por nuestro bienestar, que se haga por la estabilidad fiscal.

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