Las últimas décadas, han estado plagadas de avances tecnológicos, los cuales han contribuido significativamente al desarrollo de diferentes mercados. Diferentes no solo en cantidad, sino en sus cualidades, pues no solo se multiplicaron los bienes, sino que también se aumentó la velocidad a la que se desarrollan las industrias, de manera que la tecnología también aceleró el proceso de “obsoletización” de muchos bienes. Este nacimiento de nuevos mercados y bienes promovió en la misma medida el fomento de nuevos espacios de negociación, abriendo espacios para que diferentes países puedan posicionarse internacionalmente y realizar proyectos de expansión de poderes, tal como lo hizo China. 

Este último, empezó a destacar por su capacidad de renovar, crear y reestablecer relaciones con diferentes secciones del mundo con el propósito de solidificar su posición de poder económico a nivel global. Aprovechando las ventanas de desarrollo que se abrieron tras las puertas que Estados Unidos y otros países cerraron, desarrollaron una estrategia global de comercio y desarrollo. Si bien la estrategia inició con bienes tradicionales e infraestructura, esta se expandió más allá de estos mercado e involucró una nueva estrategia de desarrollo digital. Como parte del proyecto, era necesario que los países con quienes tiene intereses de negociación tuvieran la infraestructura requerida para el uso de las tecnologías producidas en la industria del gigante asiático, y en lo que podría haber sido un obstáculo, los chinos encontraron una gran oportunidad. 

Los países latinoamericanos, que tenían el ambiente político correcto para el proyecto, pero que a simple vista se podían convertir en un obstáculo frente a las políticas y estrategias chinas por su falta de infraestructura y cultura digital -en comparación con otras secciones del mundo- se terminaron convirtiendo en una de las mejores ventanas de oportunidad. China emprendió diferentes proyectos de cooperación en la región, en los que -a través de empresas como Huawei, Alibaba, etc.- se desarrollaría la infraestructura enfocada en el desarrollo tecnológico de los países latinoamericanos, y con ello la cultura alrededor de esta. Ejemplo de ello, es el proyecto de instalación de un cable transatlántico que para conectar Brasil y Portugal a través de Cabo Verde que sería construido por Huawei. O el proyecto para la creación de la tarjeta de identificación nacional venezolana, operada por ZTE; el cual sería requerido para acceder a servicios de salud, subsidios de alimentación y otros servicios estatales. 

Si bien los proyectos se presentaron a la población de los países involucrados como la oportunidad perfecta de obtener la infraestructura necesaria para mejorar las capacidades tecnológicas y digitales de sus respectivos Estados, lo que permitió una amplia acogida. Es claro que no son más que un caballo de troya que entra a la región. En primer lugar, este proyecto crea obligaciones dinerarias de los países con grandes compañías asiáticas, que cuentan con alta participación gubernamental china (directa o indirecta), lo que facilitaría que los Estados acepten participar en el proyecto que se conoce como “la nueva ruta de la seda digital”.

En segundo lugar, y desde mi perspectiva, lo más preocupante, es que los proyectos les darían control a las empresas chinas sobre manejo de la información y los datos personales de los nacionales de cada país involucrado. De manera que estas pueden servir de backdoors para que China tenga acceso a la información necesaria para aumentar y promover su poder en la región, e incluso la posibilidad de vender los datos a los que tienen acceso a múltiples compañías, o incluso a los gobiernos de cada país, para mejorar sus sistemas de vigilancia y control ciudadano. 

Hecho que es aún más preocupante, cuando se evidencia que la forma en que China ha estado promoviendo su presencia regional es a través de relaciones estrechas con gobiernos como el venezolano o nicaragüense, altamente reconocidos por sus supuestas violaciones a derechos humanos, y por la falta de legitimidad de sus gobernantes. Luego se hace aún más alertante, que empresas de tecnología chinas tengan el acceso y control sobre los datos personales de los ciudadanos, cuando esto tiene el potencial de fortalecer los procesos de vigilancia y control ciudadana de los gobiernos autoritarios.   

Ahora, es cierto que China aprobó recientemente la ley de protección de la información personal, con la que se pretende la protección y adecuado tratamiento de los datos, lo que en teoría habría de regular las actuaciones de las empresas chinas. Sin embargo, la aplicación territorial y subjetiva de la ley, excluye a los ciudadanos de otros países, por lo que los ciudadanos de países latinos que son parte del programa estarían desprotegidos. Y aunque las leyes nacionales podrían tener provisiones y regulación preventiva en este sentido, que les permitan acceder a un mejor trato de la información, el éxito de los procesos contenciosos en contra del Estado en países con falta de legitimidad política y altamente inestables, son un riesgo adicional a la seguridad de los sujetos. 

En conclusión, si bien los proyectos de desarrollo de infraestructura a través de empresas Chinas en Latinoamérica parecen ser altamente beneficiosos para el desarrollo de los países, debe tomarse con guantes de seda y estudiarse cuidadosamente, de manera que pueda contrapesarse los beneficios y posibles amenazas a la seguridad ciudadana.