Durante los últimos 5 años la ciudadanía colombiana por medio de órdenes presidenciales ha comenzado a ser restringida al derecho a portar armas de fuego para su defensa personal, y por ende esto restringe a poder defenderse de la criminalidad que hoy azota despiadadamente las ciudades del país. La iniciativa de desarmar a la ciudadanía de bien, da inicio a finales de Diciembre del año 2015 en el gobierno de Juan Manuel Santos, con una restricción temporal al porte de armas de tan solo 27 días, lo cual decidió postergar por todo el año 2016 con la excusa de que durante el transcurso de esos días, los índices de homicidios se redujeron, basándose en un tiempo demasiado corto, y unas cifras muy paupérrimas para tomar tan seria decisión.

  Ahora bien, este es un tema de bastante complejidad para muchos, y por eso debemos profundizarlo con las cifras que la Policía Nacional de Colombia reporta anualmente en su portal. De acuerdo al periodo de Enero 01 a Diciembre 31 del (2015) en el país ocurrieron 12.460 homicidios que involucraron armas de fuego y armas blancas. Para el año (2016) las cifras de homicidios fueron de 12.164 por estos mismos medios. En el año (2017) ocurrieron 12.077 homicidios. En el Año (2018) la tasa de homicidios se incremento en 590 nuevos casos pasando a 12.667.  Luego en el Año (2019) las cifras continuaron con una tasa de homicidios de 12.558 los cuales más de 9.100 casos fueron causados por armas de fuego, y más de 2.700 por armas blancas, entre otros objetos letales. Para el año en curso (2020) a pesar de la pandemia, y de la cuarentena obligatoria, las cifras  no son muy consoladoras, a lo que respecta de Enero 01 a Mayo 31, se han reportado 4.378 casos de homicidios en el país, cifras las cuales no mejoran, y la población de bien continúa desamparada.

  Por otra parte y dando seguimiento a las cifras que se reportan en el país por el Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares, para el año (2019) aproximadamente 688.534 personas tendrían posesión de armas de fuego legalmente registradas, de las cuales 407.885 son para porte legal de las mismas, y 280.649 son para tenencia. Lo cual para ese año tan solo 3.927 de ellas fueron autorizadas a sacarlas a la calle mediante un proceso de exclusividad y muy discriminatorio para los demás. Esto demuestra que haber desarmado a la ciudadanía por estos cinco años  no logro bajar el índice de homicidios desde ese entonces, y si ha expuesto a cada uno de estos ciudadanos a estar más vulnerables al momento de tener que salvaguardar su vida, integridad, y quizás de proteger la vida de los demás. 

  Dado que estas restricciones se imparten por decisión presidencial cada año, podríamos evidenciar claramente que estaríamos enfrentándonos a un tema de discriminación social, política, y económica contra la ciudadanía, donde el derecho a la legítima defensa y a la igualdad de derechos de cada persona no se valora, y se pasan por alto los derechos de los mismos. Esa decisión del gobierno de mantener a la ciudadanía desarmada, se parece cada vez más al mismo tratamiento de manipulación e imposición a los acuerdos de la Habana entre Juan Manuel Santos con las FARC, poco a poco le hicieron tragar esos sapos a los ciudadanos, sin importar incluso la decisión que tomo el pueblo en el plebiscito. Pareciera ser que las decisiones en Colombia desde hace unos años son impuestas al mejor estilo  de la (J.E.P) las cuales llegan para quedarse, como lo dijo la ex ministra de justicia Gloria Borrero en su momento.

  Si examinamos más en profundidad este tema, se estima que en Colombia cada año la policía nacional incauta alrededor de 21.000 armas de fuego no legales, de las casi tres millones que pueden haber ilegalmente en el país. Esto es un claro reflejo de que a los delincuentes nunca los verán ante el estado someterse a pasar por amplio escrutinio de trámites y legalidad. Estos criminales tienen una mejor metodología y ventaja ante la ciudadanía de bien, la adquisición de estas armas de fuego es rápida y de muy fácil proceso, están en el mercado negro, en las calles colombianas, que con tan solo una llamada las obtienen según sus necesidades y requerimientos del caso, unas son alquiladas por horas, otras por días o meses, mientras las demás son compradas dependiendo la capacidad económica y necesidad del criminal. Es decir, los ciudadanos de bien, que solo buscan salvaguardar su integridad y la de su familia, son penalizados por los actos delictivos de estos criminales, y todo por la falta de eficacia y justicia del estado para combatir este flagelo. 

  Según el consejero presidencial para la seguridad y defensa de la nación Rafael Guarín, se debe estimular el desarme y no la compra. Además expresa que para mejorar la seguridad debe desarmarse en general a los ciudadanos y acatarse al principio de exclusividad al uso de la fuerza en cabeza del estado, y que el porte de armas debe corresponder a casos realmente excepcionales. Frase que carece de bastante conocimiento y factor argumental para ser un asesor presidencial, ya que sabemos muy bien que el estado no puede proteger a sus ciudadanos a todo momento y en todas partes; además no puede dar por hecho que los ciudadanos de bien, que solicitan sus portes legales de armas para su defensa personal, son los mismos que salen a delinquir y cometer atrocidades criminales contra los demás; están condenando a justos por pecadores.

  Desarmar a la ciudadanía es un recurso dictatorial, ante las políticas fallidas de seguridad, el cual beneficia solo a la criminalidad.  Unas políticas serias de seguridad en un país se deben establecer bajo el principio de combatir la criminalidad, con cero tolerancia, y cero impunidad; no castigando a los ciudadanos de bien que quieren permanecer en la legalidad. Los índices de homicidios claramente no se redujeron, señalando el fracaso total del gobierno en la formulación de desarmar a las personas de bien, y que como política de estado lo único que ha logrado es hacer un giro contrario en beneficio de la sociedad.