Columna publicada en Semana el 25 de julio de 2021.

EL éxito operativo de la Fiscalía General de la Nación, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Dijín de la Policía Nacional en los atentados contra la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta el pasado 15 de junio –en donde fue explotado un carro bomba en las instalaciones de la sede militar–, y contra el presidente de la república, Iván Duque Márquez, el 25 de junio –cuando le fueron disparadas ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que se movilizaba en inmediaciones del aeropuerto Camilo Daza no es cuestión de azar ni responde a un fenómeno aleatorio.

En menos de un mes y con un equipo técnico de fiscales especializados y de 20 investigadores de la Policía Nacional, se logró determinar las responsabilidades materiales e intelectuales de los dos hechos, logrando la captura e imposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario. El frente 33 de las disidencias de las Farc, cuyo cabecilla es John Mechas, es el que estuvo detrás de los hechos. Un grupo de delincuentes planearon y ejecutaron las acciones, encontrándose a un capitán retirado del Ejército entre los coautores.

Los resultados rápidos y eficaces de la entidad no se circunscriben solamente a estos hechos de trascendencia nacional, sino que se han establecido nuevas metodologías investigativas. Y no solo frente a los homicidios colectivos (en los que pasamos del 40 por ciento de esclarecimiento en 2019 al 68 por ciento en 2021), sino también al crimen organizado, lo que permitió que se resolvieran los dos casos de Cúcuta. Asimismo, en el caso de feminicidios logramos el 95 por ciento de esclarecimiento; en muerte de líderes sociales, el 65 por ciento frente al 52 por ciento al inicio de esta administración, así como un avance en delitos contra la seguridad ciudadana, la corrupción y los crímenes contra los reincorporados, en los que pasamos del 40 por ciento en 2020 al 53 por ciento.

En cuanto a las finanzas criminales, le incautamos a la delincuencia 12 billones de pesos en 2020, frente a 6 billones en 2019. Estructuras holísticas en la investigación para perseguir el delito. Al caso de Cúcuta se le hizo frente utilizando innovadoras técnicas investigativas. En primer lugar, se identificaron las organizaciones criminales que operaban en la zona del Catatumbo y de Norte de Santander, delimitando la territorialidad, temporalidad y correlación de información. En paralelo, se involucró a un equipo multidisciplinario en especialidades forenses y criminalísticas, que utilizó diversas técnicas investigativas: desde la búsqueda de rastro genético, estudio de la topografía, intercepción de comunicaciones, análisis de imágenes, perfilación morfológica y triangulación, y georreferenciación de celulares.

Con todos estos elementos técnicos, se asociaron casos abiertos en nuestro sistema penal que pudieran darnos evidencias probatorias para saber si nos encontrábamos frente a una organización criminal similar. En ese punto, pasamos a un segundo aspecto, relativo a la identificación y caracterización probatoria integral (financiera y política) de las estructuras criminales en un proceso de sostenibilidad investigativa.

Por último, se consolidó la investigación por medio de la judicialización exitosa de la organización, permitiéndonos avanzar en la investigación de esas estructuras. Con esto y el análisis por parte del CTI y la Dijín de más de 1.150 horas de audios de interceptaciones y 230 horas de videos de cámaras de seguridad pudimos esclarecer los hechos. El tiempo del testimonio como único elemento central de prueba en un proceso penal terminó. Esta Fiscalía, en un año y medio, ha logrado, gracias a la comprensión de los fenómenos criminales y de los territorios, entender que existen corredores regionales de criminalidad. Y que para perseguir esa nueva delincuencia debemos ser imaginativos mediante la itinerancia, integrar nuestras capacidades investigativas en las direcciones nacionales y las 35 seccionales que se encuentran en nuestros 32 departamentos, y articularnos con otras entidades del Estado.

Con esa dimensión investigativa, se podrá pensar que el futuro del ente acusador debe marcar una idea de justicia pronta. No va a ser fácil para el crimen esconderse de la acción de nuestra entidad ni pensar que pueden atacar la institucionalidad del país. Atentar contra un presidente es una afrenta y un dislate de proporciones mayúsculas. La Fiscalía General, en sus casi 30 años de trabajo investigativo, le está demostrando al país que haciendo lo que sabe hacer, con un direccionamiento focalizado en identificar los fenómenos y las estructuras criminales, produce resultados y permite que el Estado social de derecho se sostenga. Disciplina, trabajo y creatividad en la investigación criminal demuestran que el ente acusador es mucho más que un par de casos exitosos.