La Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que establece cadena perpetua para violadores de niños, una noticia que sin duda alegra el corazón de todos los que creemos en la justicia como eje fundamental para una reparación integral de las víctimas.

En Colombia los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, pero cómo no es de extrañarnos en este país en donde violadores de niños legislan sobre leyes de abuso sexual, hubo quienes trataron a toda costa de proteger a los victimarios, negando la posibilidad de una cadena perpetua, entre ellos las FARC, el Partido Verde y el Polo Democrático, eligiendo el lado incorrecto de la historia.

Debo confesarles que fue indignante ver cómo los “honorables” de las  FARC se llenaron  la boca opinando sobre la ley que busca proteger a nuestros niños, mientras durante  años fueron ellos mismos sus verdugos, reclutándolos, robándoles su infancia y abusándolos sexualmente.

Cuánto dolor de patria.

Equivocados están los que afirman que es un proyecto de ley con miras a ser inconstitucional, pues por el contrario, sus disposiciones no van en contra de ningún tratado que conforma el bloque constitucional colombiano, siendo jurídicamente viable la cadena perpetua en Colombia.

Lo que si es cierto es que la perpetuidad de la pena  implicaría un sobre costo para el Estado, pero a mi parecer es un sobre costo que vale la pena cuando se trata de hacer justicia ante un crimen tan atroz como es la violencia sexual a un menor de edad.

La pena de muerte no es una opción en nuestro Estado Social de Derecho. Siendo la cadena perpetua una respuesta constitucional a este problema, de aprobarse debe ir acompañada de políticas públicas tendientes a proteger a los más indefensos de nuestro país.