Hace más de un año el país vivió momentos tensionantes y caóticos, las víctimas están quedando en el olvido con la narración de los hechos. Desde ese momento, los líderes del país han silbado como pajaritos con la mirada perdida. Las diferentes crisis sociales que teníamos se intensificaron luego de que el abogado Javier Ordóñez fuera asesinado a manos de la Policía Nacional. Esta tragedia fue el detonante que hacía falta para que gran parte del pueblo colombiano saliera a manifestar las inconformidades que ha generado el débil gobierno que tenemos. El resultado, fueron intensas protestas del 9 al 11 de septiembre, con 14 asesinatos a civiles y más de 200 policías heridos. Lastimosamente, como pasa en nuestro país, esto está quedando en cifras únicamente.

Mientras que en el Gobierno Nacional hay un montón de pajaritos con vista corta, la Alcaldía de Bogotá y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos en Colombia revelaron un informe desgarrador sobre lo que pasó en esos días. Es inaceptable que después de toda la violencia que hemos vivido los colombianos, las víctimas y la violencia por parte del Estado siga quedando en unas cifras que suben constantemente.

Los intentos que hemos tenido para lograr que los perpetuadores de violencia sean condenados, como el trabajo que ha hecho la JEP, el Gobierno de Iván Duque ha tratado de destrozarlos a toda costa. Ahora, con el informe presentado por las dos entidades mencionadas, queda en evidencia cómo la ineptitud de nuestros gobernantes deja impune la violación de derechos humanos a los civiles por parte de la Policía Nacional, autoridad que debe encarnar a un Estado social de derecho, según nuestra Constitución.

De los 14 asesinatos a civiles, sólo cuatro han sido condenados, y únicamente tres han sido llevados a juicio. Lo más doloroso no es que nuestro sistema judicial presente demoras, porque eso aplica para todos los casos, lo más triste y frustrante es que hay todo un repertorio de políticos que no asume o reconoce la culpa de la violencia desatada contra los manifestantes. La violencia no se justifica para nadie, de eso no hay duda, pero es aun menos justificable que un Estado que debe velar por nuestros derechos y seguridad, sea quien responda con otra piedra en la mano.

La impunidad colombiana no puede ser banalizada como lo ha sido la violencia. Denunciar y hacer públicos los hechos del 9S debe ser algo constante, aceptar que las víctimas hacen parte de nuestro día a día puede ser de los peores errores que hemos cometido. Aunque hemos hecho avances en este aspecto, no podemos dejar que la impunidad se vuelva otra cosa de la cotidianidad. A pesar de que ya pasó un año del 9S, como ciudadanos debemos exigirle a los gobernantes que se hagan responsables por los actos ocurridos esas temibles noches.

¿Cómo espera un gobierno que la autoridad sea respetada si aplica el refrán de ojo por ojo? La reforma a la Policía Nacional es fundamental y necesaria desde hace mucho tiempo, pero el reconocimiento de los errores cometidos por nuestros líderes es igual de indispensable. El poder que tienen los actuales gobernantes lo consiguieron porque un pueblo confió en ellos, no pueden desaprovechar eso tan valioso por tener un orgullo más grande que su ambición de poder. Pedir perdón, reconocer la culpa de los hechos y la ineficacia que ha habido en el proceso, los hace más humanos. Los políticos deben ser lo más humano posible en donde la grandeza y la integridad sean cualidades obvias, en Colombia parece que entre menos humanos, mas posibilidades de ocupar altos cargos.