“Desde la llegada del Covid-19, los cubanos enfrentan la peor crisis económica de la isla en 30 años. Los almacenes están vacíos, los precios son elevadísimos y la población está condenada a arreglárselas como puede para sobrevivir o tomar el camino del exilio.” Así resume la situación Emilio Obrero, un periodista cubano, corresponsal en La Habana de un diario parisino.

Tras la caída de la URSS en 1991, Cuba estuvo al borde de la hambruna general: la alimentación había desaparecido, salvo para la clique gubernamental. En lugar de encontrar una solución a tal escasez, Fidel Castro inventó la retórica del “periodo especial” para que todos comprendieran que tenían que aguantar y aceptar la miseria. Hoy la situación sigue siendo muy precaria, una parte de la población sobrevive gracias a las migajas que caen del sector turismo, que comienza a reanimarse, pero la mayoría sigue igual de pobre, con servicios públicos en ruina y vigilancia represiva en cada esquina. Para escapar a ese infierno, la opción de muchos es huir en chalupas improvisadas hacia Estados Unidos.

En ese ambiente, Francia Márquez, la cuestionada vicepresidente del gobierno que encabeza el extremista Gustavo Petro, aterrizó en Cuba el 9 de febrero pasado y se reunió con los jefes del gobierno de la isla.

Allí, durante una reunión oficial, ella admitió que el gobierno de Gustavo Petro quiere imponerle a Colombia el sistema de salud de la Cuba castrista, uno de los peores del mundo. Un diario importante de Medellín, El Colombiano, citó lo que Márquez dijo al respecto: “Estamos proponiendo una reforma a la salud donde vuelva a ser administrada por el Estado. Claro, esto no va a ser fácil porque hay una disputa muy fuerte. Es quitarle el negocio a la elite y a sectores privados que volvieron la salud, una mercancía y no un derecho fundamental. La salud preventiva que ustedes (cubanos) han mantenido como un eje central es lo que hoy queremos hacer en Colombia”.

Y remató así: “Creo que la experiencia que ustedes han tenido en el sistema de salud, lograr que en Cuba se formen a los mejores médicos del mundo, es parte de la experiencia y el camino de lo que necesitamos en Colombia”.

Durante años, el sistema de salud pública de Colombia estuvo en manos del Estado. Ese enfoque de matriz colectivista llevó al despilfarro y al desbarajuste técnico y científico de ese crucial servicio público y el Instituto de Seguros Sociales fracasó. Pero gracias a sucesivas reformas y a una inteligente colaboración entre los sectores público y privado, Colombia se dotó finalmente de uno de los sistemas médico-sanitarios más eficientes y democráticos del mundo.

Ese sistema, muy bien catalogado por las agencias internacionales, es el que Petro quiere destruir, dentro de su plan de ruina general de Colombia. El exjefe terrorista detesta el país que construyeron las generaciones anteriores y quiere hacer tabla rasa de lo existente. El cree que haber logrado la presidencia de la República (en elecciones alteradas) le da derecho a desbaratar lo mejor que tiene el país, pasando por encima de la Constitución, de las leyes y de los intereses de las mayorías.

Petro presenta su obsesión depredadora bajo los mejores auspicios: un día habla de un plan (oculto hasta ayer 14 de febrero) de “reformas” técnicas, pero al día siguiente sugiere que se trata más bien de unos “cambios” urgentes (igualmente escandalosos) que el país necesita, según él.

Por eso resulta muy raro que cuando el país sale a las calles para rechazar esas reformas absurdas, Francia Márquez es enviada a Cuba a abrazar al dictador Diaz Canel, a insultar a su propio país (ella lanzó dardos a las excelentes EPS, un pilar del sistema de salud colombiano), y a hacer creer que la solución para Colombia saldrá de copiar el arrasado sistema de salud de la isla-prisión.

Ella ocultó un dato central: el sistema de salud de Cuba cuenta con una grotesca palanca secreta: la esclavitud de una parte de los médicos cubanos la cual le genera altos ingresos a la clique de la isla, más que el turismo.

La exportación de médicos y de personal auxiliar comenzó en 1964. Hoy Cuba tiene unos 30.000 asistentes médicos en 67 países. Durante décadas ese fue un modo de penetración política de las sociedades que recibían tales contingentes. Desde la década de 1970, ese aparato creó otro dispositivo: la medicina mercantil con cara humanitaria. En 2019, la BBC reveló que sólo el 10% y el 25% del salario pagado por los países de acogida va a ese personal médico “y el resto se lo quedan las autoridades de Cuba”.    

En 2019, la ONU definió en un informe esa exportación de cubanos como una “esclavitud moderna”. Human Rights Watch denunció las normas cubanas “draconianas” que violan los derechos de esos médicos. La Deutsche Welle, en un artículo de 2020, detalló que la Habana le dicta a esos médicos “con quién vivir, o de quién se pueden o no enamorar, y hasta con quién se les es permitido hablar”. Ellos no pueden revelar a la prensa las tragedias que viven. Escapar a las garras del Estado cubano es casi imposible pues sus familias, tratadas en Cuba como rehenes, son los que pagan la cuenta.

Es muy probable que la vicepresidente Márquez haya ido a Cuba a pactar el envío de miles de esos médicos cubanos para ejercer presión sobre los médicos colombianos y trasvasar, por esa vía opaca, sumas enormes del actual sistema de salud colombiano a Cuba. Fuera, claro está, de la ayuda que hace diez días envió Petro a Cuba por valor de 1.914 millones de pesos, mientras hay poblaciones colombianas que le piden a Petro inútilmente ayuda urgente.

Eso explicaría el afán de Petro de instaurar un férreo monopolio del gobierno sobre el hipotético sistema que promete erigir. El pretexto inventado por los asesores de Petro fue dicho por Francia Márquez en Cuba en lenguaje brutal y tendencioso: “quitarle el negocio a la élite y a los sectores privados que volvieron la salud, una mercancía y no un derecho fundamental”. Lo que ella prevé es quitarles recursos a los colombianos más necesitados.

Nada más lógico si recordamos que la destrucción de Ecopetrol y de la industria colombiana de hidrocarburos, principal fuente de divisas del país, anunciada por Petro en las primeras semanas de gobierno, conlleva el traslado ilegal de una gran parte de la riqueza nacional a Venezuela. En eso consisten las pretendidas “reformas” de Petro: artilugios para desviar la riqueza nacional colombiana hacia regímenes extranjeros con los que Petro pudo haber pactado ayudas logísticas para poder llegar al poder.

El propósito de Petro de dejar en la inopia el servicio de salud de los colombianos desencadenará una revuelta popular tarde o temprano. Temiendo eso, Gustavo Petro amenazó con acudir a la guerra civil si no le dejan hacer lo que quiere. En un discurso de ayer, Petro gesticuló: “Debo advertir que si por alguna circunstancia las reformas se entrabaran en Colombia lo único que están haciendo [los opositores] es construir (…) la violencia y los obstáculos a la paz (…) para que nada cambie”.

Petro construye una narrativa falsa que le sirva de justificación para montar un régimen policiaco que silencie a la oposición y facilite la destrucción institucional del país. ¿No encaja esa ambición, dicha entre dientes, con su pedido al Congreso de que le conceda 21 facultades extraordinarias en todos los terrenos de la vida nacional?

Petro fracasará. Ayer no más apareció un signo: las “masas” que él quería ver ante el balcón del Palacio de Nariño le dieron la espalda y solo acudieron a su mitin orweliano menos de dos mil personas, casi todos funcionarios del gobierno y clientelas de los grupos extremistas.

Colombia se opone ya en las calles, en el Congreso y en los medios y seguirá resistiendo contra los abusos y crímenes que las tiranías del Foro de Sao Paulo quieren cometer, mediante o sin el señor Petro.