La libertad de expresión y la protesta son derechos característicos de los gobiernos democráticos. En el siglo XXI, las redes sociales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de ambos derechos y con ello la generalización de sentimientos de unión y solidaridad frente a distintas causas sociales. En lo que va corrido del año se han presenciado marchas en Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza, México, Colombia, entre otros , como señal de rechazo frente a los actos de discriminación y de violencia contra grupos que históricamente han estado en condición de vulnerabilidad.

La necesidad de un cambio positivo debe ser la motivación para quienes acompañan las marchas y respaldan los movimientos sociales, pero lastimosamente en muchos casos no es así. El ejemplo más reciente es el movimiento social Black Lives Matter que busca defender el derecho a la vida de los afroamericanos en los Estados Unidos. Por desgracia, lo que empezó como una movilización de rechazo frente a un acto de barbarie policial terminó en enfrentamientos con la misma policia, saqueos de residencias y locales comerciales, y destrucción de monumentos históricos.

Colombia no es ajena a las marchas que comienzan cómo una convocatoria de protesta pacifica y terminan como un torbellino de violencia y destrucción. El destrozo de cajeros, el saqueo de locales comerciales, el vandalismo de estaciones de transporte público y las agresiones a otros ciudadanos han hecho presencia en la mayoría de las movilizaciones convocadas en el ultimo año. Las voces líderes de las convocatorias excusan los actos violentos diciendo que son realizados por infiltrados de quienes buscan deslegitimar la causa, es decir, no asumen responsabilidad frente a los hechos vandálicos, mientras que el estado y las empresas privadas deben cubrir los daños patrimoniales.

En noviembre de 2019 durante las jornadas de protesta en Bogotá D.C se registraron daños por mas de 40.000 millones de pesos al patrimonio público y privado, y perdidas diarias por más de 150.000 millones de pesos en el comercio nacional debido a la reducción de las ventas. Lo mas preocupante, es que los pocos capturados como autores de esos hechos, son liberados por ser menores de edad o pagan una corta pena privativa de la libertad acompañada de una sanción económica.

Los gobiernos deben perder el miedo a reaccionar frente a las movilizaciones violentas y aunque es imposible determinar de manera anticipadas los verdaderos intereses de dichas movilizaciones, las voces que las convocan deben ser un referente para anticipar lo que sucederá en el desarrollo de dichos eventos, puesto que hay intereses ocultos que buscan aprovecharse de los sentimientos de empatía y solidaridad para incentivar la desobediencia civil y desestabilizar los actuales gobiernos.

Con urgencia se hacen necesarios mecanismos de vigilancia y control, como se ha hecho con grupos como las barras bravas, para asegurar la reacción oportuna de las Fuerzas Militares y de Policía. El permanente estado de zozobra cada vez que se realizan este tipo de actividades incentivan a los ciudadanos a tomar medidas de defensa propia, no en vano se esta volviendo a discutir sobre el porte legal de armas.

Cualquier tipo de violencia deslegitima una causa social y la convierte en vandalismo organizado. Quienes acompañan las marchas dejan de ser ciudadanos de bien cuando se convierten en grupos de asaltantes que amenazan la seguridad ciudadana, hasta ahí llega su derecho a la protesta y empieza la obligación del estado por garantizar la seguridad de sus ciudadanos.