A raíz de la violencia desbordada de los últimos días, hemos visto a unos sectores reclamar una reforma estructural de la Policía y a otros solicitar más inversión social para “calmar el descontento”.

No nos llamemos a engaños, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo primero que deberíamos tener claro, es que nada justifica la violencia, el vandalismo y el terrorismo. No podemos estar enviando el mensaje de que es legítimo reclamar o presionar a los gobiernos por vías de hecho.

Empecemos con la reforma estructural a la Fuerza Pública. No olvidemos que ese fue uno de los temas con los que presionó las Farc en La Habana; y eso, más la eliminación del ESMAD, fueron banderas de las marchas el año pasado; hoy, usan el mismo argumento, por afinidad ideológica, complicidad o ingenuidad, diferentes sectores que se basan en un hecho aislado para tratar de deslegitimar o poner en duda a toda la institucionalidad.

La Policía Nacional es una entidad centenaria, de casi 13 décadas y más de 161 mil miembros que realizan aproximadamente 33 mil procedimientos por día (más de 12 millones al año); una institución reconocida por otros países por los altos estándares de formación y entrenamiento; un organismo que como todos, al estar formada por seres humanos, no es perfecta; pero que indudablemente ha sido motivo de orgullo para el pueblo colombiano.

Adicionalmente, la Policía Nacional es una entidad que permanentemente se reforma (la última vez fue en 2018) y se adapta a las nuevas exigencias de seguridad y convivencia, es una institución que desde sus orígenes ha estado comprometida con el respeto a la Constitución, la ley y los Derechos Humanos; y que ha tratado de resistir desde hace décadas a la politización, a la que quieren someterla unos sectores y al debilitamiento, al que la quieren obligar otros.

Se equivocan los malquerientes de nuestra Fuerza Pública, de nuestra Policía, cuando afirman que son nuestros “enemigos”, que “nos están matando”; nada más infame y alejado de la realidad; muestra de ello es el cariño de los colombianos que reconocen su labor y sus sacrificios, y que se demuestra en las encuestas con sus niveles de favorabilidad (mayores a los de la Corte Suprema de Justicia, la JEP, los Partidos y el Congreso, entre otros) y con el dolor por los 10 héroes asesinados y los 2.233 lesionados, solo en lo que va corrido de 2020. En realidad, no es la Policía la que necesita modernizarse y reformarse, es nuestra sociedad, cada vez más alejada del respeto a la autoridad, a la institucionalidad y a la democracia.

Y frente al tema de la inversión social, sólo quisiera señalar que esta es una obligación del Estado, que no tiene porqué venir forzada por la violencia, ni puede ser usada como elemento para tratar de explicarla.

Recuerdo a los llamados colombianólogos o violentólogos de los años ochenta que hablaban de la pobreza y la inequidad como causas objetivas de la violencia; de esa manera terminaron justificando el actuar criminal de las guerrillas. Pensemos que si bien la pobreza y la inequidad pueden contribuir en alguna medida, especialmente como discurso justificatorio, lo cierto es que las múltiples formas de violencia, tienen infinidad de causas, entre ellas la falta de presencia y control estatal del territorio, la ausencia de justicia que se convierte en incentivo perverso, ya que todo crimen (corrupción, terrorismo, narcotráfico, entre otros) es un asunto de cálculo (costo- beneficio) y un país con tan altos niveles de impunidad -donde la posibilidad de ser capturado, judicializado y castigado es mínima-, se convierte en caldo de cultivo para la violencia.

Por último, no olvidemos que detrás de estos hechos de violencia, que en dos días cobraron la vida de 10 colombianos y heridas a más de 400, entre civiles y Policías; daños a 60 instalaciones de la Policía y casi 140 vehículos y motocicletas públicos y privados; además de bancos y comercios; estaban organizaciones internacionales y unos 14 grupos nacionales, entre ellos, los Movimientos Juventudes 19 de Abril, Jaime Báteman Cayón, 8 y 9 de Junio, Camilo Torres Restrepo, Alkombate, Grupo Estudiantil Anarquista, Brigada Clandestina y Frente Estudiantil Camilista; aupados por políticos pirómanos que viven de la división y el odio.