Vía: Los Irreverentes Entre 2006 y 2010, el exfiscal Montealegre recibió contratos que suman $3.7 mil millones de pesos de la desaparecida EPS. Desde el momento de su designación como Fiscal General de la Nación en marzo de 2012, una sombra acompañó la gestión de Eduardo Montealegre: sus vínculos comerciales, profesionales y personales con Saludcoop y sus directivas, en particular el cuestionado Carlos Palacino Antía, otrora hombre fuerte de la desaparecida EPS.

Montealegre nunca negó aquellos vínculos, pero hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que éstos empañaran su independencia al frente de la fiscalía. Desde el primer momento, presentó un documento solicitando que se le declarara impedido en las investigaciones contra Saludcoop, pedimento que fue negado por la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que consideraron que aquello no era procedente por cuanto el despacho de Montealegre no intervendría directamente en los procesos que se adelantan contra los directivos de aquella entidad.

Pero la cercanía entre Montealegre y Palacino era evidente y no se limitaba a asuntos puramente profesionales. Su relación con el poderoso ex presidente de Saludcoop era eminentemente personal y social. Prueba de ello son los frecuentes viajes de Montealegre al club Villa Valeria, en Restrepo (Meta), condominio que Palacino y su esposa María Cristina Puerto Vallejo construyeron, según ellos, con recursos propios y préstamos bancarios.

Lo que siempre ha llamado la atención es la coincidencia de nombres que existe entre los socios del proyecto Villa Valeria y los funcionarios más importantes de la desaparecida Saludcoop. Los ejemplos abundan: Mauricio de La Roche, figura como propietario de 2 suites en el condominio y era miembro de la junta de Saludcoop EPS. Así mismo, Alberto Castro, Jaime Barrero, Alejandro Castañeda Jaramillo, Germán Álvarez, entre otros, tienen algo en común: su cercanía laboral a la entidad prestadora de salud y su condición de socios del exclusivo condominio llanero.

En su momento, Sandra Morelli Rico, cuando fungía como Contralora General de la República, denunció lo que ella llamó “los intereses personales de Montealegre” en el caso Saludcoop. En palabras de Morelli, Montealegre recibió “4 mil millones de pesos por concepto de honorarios pagados a él por Saludcoop”.

Los Irreverentes tuvieron acceso a los 6 contratos que entre 2006 y 2010 el ex fiscal Luis Eduardo Montealegre Lynnet. Sumados unos y otros, la cuantía de los mismos llega a $2.746.166.663 de pesos. Esta cifra no incluye el IVA del 16% que aumenta el valor de los contratos en $439.360.000 de pesos.
Dos de los contratos celebrados por Montealegre incluyeron comisiones de éxito, cada una de $250.000.000 de pesos. Así las cosas, la cifra que en 2013 proveyó la excontralora Morelli sobre los contratos de Montealegre y Saludcoop se ajustaba a la verdad. Sumadas las cuantías, los impuestos y las comisiones de éxito, los servicios profesionales de Montealegre le costaron $3.7 mil millones de pesos a Saludcoop.

Pero, ¿Cuál era el concepto de aquellos multimillonarios contratos? ¿Para qué la desaparecida EPS recurrió a los servicios profesionales de quien sería el Fiscal General de Colombia entre 2012 y 2016?

Los contratos: El primer contrato que Montealegre firmó con Saludcoop fue por $500.000.000 de pesos el 29 de junio de 2006. El objeto del mismo: actuar como apoderado de los directivos o funcionarios actuales o retirados de Saludcoop “y atender los procesos penales en todas las instancias, hasta su culminación con providencia ejecutoriada, incluyendo los recursos extraordinarios”.

Respecto de ese contrato, Montealegre en su momento declaró que había renunciado a dicho poder cuando resultó elegido como Fiscal General de la Nación. ¿A quién le fue sustituido el poder?  El interrogante es pertinente, pues en los 4 años que Montealegre estuvo al frente del órgano investigador colombiano, los procesos penales contra los directivos de Saludcoop –antiguos poderdantes de Montealegre- no observaron mayores movimientos y aquellos siguen sin resolverse.

Un año y medio después del primer contrato, Saludcoop volvió a buscar a Montealegre. Esta vez, para “el manejo de las cuatro (4) demandas relacionadas con la Cuenta de Alto Costo”. En esta oportunidad, los honorarios del jurista fueron de $596.166.663 pesos, más los gastos procesales que se causaren con ocasión del servicio contratado.

En septiembre de 2009, la Superintendencia Nacional de Salud inició una investigación contra Saludcoop por las inversiones que la EPS estaba realizando en áreas que no se ajustaban a su objeto misional. Ahí fue la primera vez que empezó a hablarse de Villa Valeria, el club de golf que la entidad construyó en Bogotá y la participación de la EPS en un equipo de fútbol.

Palacino buscó nuevamente a Montealegre y le ordenó a Alberto Castro Castillo, representante legal de la EPS, que suscribiera un contrato por $950.000.000 de pesos, que fue la cuantía acordada para que Montealegre los representara ante la Supersalud. En este contrato, se pactó que el 50% de los honorarios serían pagados a la firma del mismo y el otro 50% 30 días después. Es decir, la totalidad de los servicios profesionales fueron desembolsados, sin esperar el resultado de la labor contratada.

Eduardo Montealegre fue magistrado de la Corte Constitucional entre los años 2001 y 2004, cuando renunció para retomar su oficina de abogado sin esperar los 5 años que aún tenía por delante como magistrado del máximo tribunal constitucional de Colombia.

Es una práctica muy común que quienes han sido magistrados de los altos tribunales, después de abandonar sus cargos, automáticamente empiecen a litigar ante quienes fueron sus colegas y compañeros de trabajo. Aquello, que ha sido duramente cuestionado por la opinión pública, es una costumbre que no ha podido ser extirpada de nuestro sistema judicial.

Montealegre no fue ajeno a aquella rutina. El 22 de febrero de 2010, Saludcoop celebró con él un contrato por $200.000.000 de pesos para que presentara a nombre propio “ante la Corte Constitucional dos acciones de constitucionalidad” respecto de la declaratoria de emergencia social que el gobierno de Uribe decretó aquel año. De acuerdo con ese contrato, Montealegre debía demandar los decretos 126 y 131 de 2010 e “iniciar y llevar hasta su culminación, las intervenciones ciudadanas que sean necesarias para la defensa de los intereses de la entidad (Saludcoop), con ocasión de los decretos de emergencia social expedidos por el Gobierno Nacional, de conformidad con el objeto del presente contrato”.

Hubo dos contratos más entre el ex fiscal general y Saludcoop. Estos, tuvieron una modalidad de pago diferente: $250.000.000 de pesos como honorarios con una suma exactamente igual como comisión de éxito.

Uno de ellos, de octubre de 2008 estuvo, nuevamente, relacionado con una acción de tutela impetrada en nombre de Saludcoop y el otro fue celebrado para que Montealegre representara a la EPS ante la Superintendencia de Salud defendiendo el “modelo de rediseño institucional de la entidad”. Para tal efecto, Palacino ordenó pagarle $250.000.000 de pesos a Montealegre al momento de la firma del contrato y una cifra semejante le debía ser desembolsada “en el evento de que la Superintendencia acepte las bases esenciales del rediseño institucional adoptado”.

Los objetos y alcances de los 6 contratos que Montealegre suscribió con Saludcoop demuestran que el ex Fiscal General no era un consultor más de la EPS, sino el abogado de cabecera de aquella entidad que recurría a sus servicios para toda suerte de asuntos jurídicos. Hábilmente, durante el tiempo en que Montealegre estuvo al frente de la Fiscalía, las investigaciones penales contra los directivos, empleados y exempleados de Saludcoop, para las que en 2006 él recibió poder, no tuvieron resultado alguno. Como se dice en el argot popular, aquellas fueron oportunamente engavetadas. Si bien es cierto que Montealegre renunció a los poderes cuando asumió el cargo, no menos lo es que durante los últimos 4 años no hubo una sola decisión de fondo por parte de la Fiscalía en el caso de Saludcoop, entidad de la que desaparecieron billones de pesos de la salud de los colombianos.