La tempestad de Halloween de 1991 fue un evento meteorológico que se dió con unas características muy inusuales y que fue recreada en una película conocida como “La Tormenta perfecta “contando la historia trágica de unos pescadores al norte del Atlántico.

Esa terminología se ha aplicado cuando se presentan factores de tipo social, político, económico y hasta históricos al mismo tiempo. Y es precisamente lo que le está pasando a Colombia. La población colombiana ha caminado históricamente en un delicado equilibrio entre el miedo y la esperanza; entre confiar o no en las instituciones gubernamentales y sus protagonistas del momento; y entre la paz y el conflicto.

Durante los dos últimos años de la presidencia de Juan Manuel Santos y los primeros dos de Iván Duque, ha habido una serie de problemáticas sin resolver, que llegan a un momento de ebullición nacional sin precedentes como la implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el desempleo que se ha disparado a niveles históricos en los centros urbanos y rurales, debido en parte al COVID-19.

Las tensiones se han centrado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional creado por el acuerdo que hasta ahora no ha tenido éxito en su ejecución. Los ex comandantes de las FARC niegan su participación en crímenes de lesa humanidad, como la violación y el reclutamiento de niños generando desconfianza hasta en la comunidad internacional interesada en apoyar el proceso de paz.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como las políticas para erradicar la producción de coca a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) han sido una buena iniciativa sin los resultados esperados. El gobierno quiere reanudar la fumigación aérea para combatir el aumento del cultivo, pero la táctica es impopular para varios sectores de la sociedad.

De otro lado, el asesinato sistemático de líderes sociales, la proliferación de bandas criminales como las disidencias de las FARC y la reaparición de otros grupos guerrilleros amenazan la seguridad en áreas rurales tomando control de estos territorios. El acuerdo de paz abrió una ventana de oportunidad para que el Estado estableciera su presencia en territorios antes inalcanzables, pero no ha sido muy efectivo por dificultades económicas y políticas. La Colombia rural todavía espera que se cumplan las promesas históricas.

Como complemento, la pandemia del COVID19 puso a la economía colombiana en la unidad de cuidados intensivos. Si bien el gobierno ha aprobado un paquete de estímulos de emergencia que incluye subsidios, garantías de préstamos y programas sociales adicionales, muchos ciudadanos consideran que los esfuerzos son escasos o peor aún, no llegan.

Los problemas que provocaron las protestas en el 2018 y 2019, continúan en el 2020 y dadas las circunstancias actuales, las soluciones tampoco llegarían, dando por perdido un año para buena parte de la economía y población del país. Y cumpliendo con el pronóstico de la inevitable tormenta perfecta, el clima social se vió enardecido en las últimas horas por un fatal incidente de un ciudadano a manos de unos agentes de la policía en Bogotá creando disturbios en la Capital extendido a otras ciudades del país.

El evento evidencia la frustración de una parte de la sociedad colombiana por el malestar socioeconómico del país y las tensiones políticas. Seguramente los informes que envían los diplomáticos acreditados en Bogotá a sus países de origen relatan una radiografía del difícil momento del país, que no es la primera vez, pero que, en esta ocasión, podría equipararse a un huracán de nivel 5 para completar la verdadera tormenta perfecta que atraviesa el país.

Pero como toda tempestad al pasar, trae la calma, aún hay margen de maniobra para que el gobierno aplique medidas oportunas y encamine al país a puerto seguro. Todos los marineros colombianos deben poner de su parte sin excepción.

Fuentes: Banco de la Republica