La ineficacia es la principal crítica a la hora de realizar trámites y procesos ante los despachos judiciales. El tiempo y los recursos que gasta un usuario en papeleo, transporte, llamadas y visitas a las oficinas correspondientes es incalculable. Por años el Gobierno Nacional y algunos entes territoriales han implementado políticas para mejorar la atención y gestión en el sector público, pero ninguna ha mostrado ser suficiente, por ejemplo, la ley y decretos antitrámites, y el articulo 103 del código general del proceso que establece el uso de las tecnologías de la información en todas las actuaciones judiciales.

El acceso a la justicia es el derecho que más se ha visto afectado por la precaria infraestructura publica. La falta de voluntad política y de organización de la Rama Judicial ha imposibilitado la digitalización de los procesos.

Muchas son las necesidades que se deben atender en Colombia, empezando por la salud y la educación, pero sin duda el acceso a la justicia es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. A pesar de que el código general del proceso prevé unas líneas encaminadas hacia la justicia con cero papeles, la implementación en la mayoría de los casos no se ve. Los juzgados y tribunales interesados en mejorar la calidad del servicio han optado por ir modernizándose de manera independiente y según su propio criterio, esfuerzo que no se debe menospreciar, pero que rompe la unidad del sistema judicial. Por su parte, las altas Cortes han iniciado el proceso de digitalización de expedientes, pero cada una a su ritmo, la Corte Constitucional empezó desde el año 2017 con esta iniciativa mientras que el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia apenas van arrancando con el proceso virtual.

Gracias a la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada desde el mes de marzo, y a pesar de la suspensión de términos, todos los juzgados y tribunales se han visto obligados a ensayar las herramientas virtuales. Lo preocupante de la situación es la cantidad de nulidades que se ven venir en cada uno de los procesos por la violación de derechos procesales por el uso inadecuado de las TIC ́s. Digitalizar a la fuerza, sin las medidas adecuadas, el sistema de justicia colombiano puede generar una crisis social más grande que la de una pandemia.

Por su parte el Gobierno Duque ha estado trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo el diseño del Programa para la Modernización y Digitalización de la Justicia en Colombia, sobre este tema ya se han firmado varios memorandos de entendimiento con la Rama Judicial. A pesar de ello, el avance es mínimo, pues todavía siguen en la fase de planeación técnica, y la pausa que tuvo el sistema por la pandemia Covid 19 no fue aprovechada para agilizar esta transición.

Países geográficamente cercanos al nuestro, como es el caso de Chile, han logrado ponerse al día en esta materia. Cuentan con plataformas no solo para revisar expedientes escaneados, sino para presentar demandas, recursos y asistir a audiencias. Colombia no puede seguir quedando rezagado en las nuevas realidades

del mundo; modernizar la infraestructura física, el acceso a internet, la capacitación de todos los funcionarios de la administración pública y la implementación del expediente virtual debe hacerse de manera inmediata para poder empezar a optimizar la prestación del servicio.

Hoy la justicia virtual sigue siendo una fantasía para los colombianos. El actual Gobierno, sus sucesores y la misma Rama Judicial deben comprometerse con volver una realidad la digitalización de la administración de justicia, no solo como garantía de un derecho si no además como una herramienta de competitividad internacional.