En un país cuyo principal rubro de exportaciones lo ocupan las ventas de combustibles, con un 30,9% del total del primer semestre de 2022, según el Dane; cuya compañía más grande es de vocación petrolera, con ingresos operacionales en el 2021 superiores a $91,7 billones, según el reporte de la Superintendencia de Sociedades, casi cuatro veces lo que ingresó la segunda empresa; y cuya comercialización de crudo en el exterior es la fuente de cerca del 13% del total de su renta, es apenas natural que el nombramiento de la cabeza del Ministerio de Minas y Energía genere una particular expectativa.

Si dicho nombramiento, además, recae sobre una persona que tiene un perfil atípico al de sus antecesores, es decir, y en palabras de la misma ministra, que no fuese de “personas técnicas del sector minero-energético, ingenieros o economistas expertos en la extracción o electrificación”, pues, se trata de una profesional con una rigurosa formación en temas ambientalistas y humanísticos, es también natural que la expectativa fuese todavía más particular.

Y si a este contexto, de por sí ya sensible, se le suma el hecho de que en su primer contacto con la opinión pública, a las pocas horas de haber tomado posesión oficial, la ministra, Irene Vélez, afirmara que no se firmarían más contratos de exploración de gas natural en Colombia y de que existe la posibilidad de importar este energético desde Venezuela, si llegase a necesitarse durante la transición hacia fuentes renovables, es, incluso, más natural que esa expectativa particular empezase a convertirse en una suerte de incertidumbre frente a la estabilidad socioeconómica de la nación.

Por todo esto, y sin el ánimo de caer en esa narrativa poco propositiva, quizás, sea oportuno que esa idea de la “Casa grande”, a la que permanentemente hace referencia la señora ministra, contemple también las dimensiones del mercado, el empleo y la dinámica económica; pues, al fin y al cabo, son elementos transversales del ecosistema común en el que todos habitamos. De acuerdo con Naturgas, la industria gasífera aporta el 1% del PIB doméstico, genera alrededor de 100.000 empleos directos, tiene un potencial de otros 20.000 y calcula inversiones probables por al menos USD $2.900 millones.

En ese sentido, vale señalar que el concepto de transición energética trae implícita la noción de gradualidad, la cual, irremediablemente, requiere de tiempo y de largo plazo para, entre otras cosas, evitar que el escenario que está experimentando Europa se replique en nuestra geografía. ¿Realmente, existe gradualidad en oponerse a firmar el 100% de los contratos de exploración de un gobierno a otro?, ¿es una decisión responsable con la soberanía energética del país, cuando aún no se tiene certeza de cuánto podrían representar en materia de autosuficiencia los cerca de 180 contratos firmados en exploración?

Si se tiene en cuenta que los tres pilares macro del actual gobierno, como bien lo señaló Irene en su “Pregunta Yamid” del viernes pasado, son: la paz, la justicia ambiental y la equidad social; y que en Colombia hay alrededor de 1,2 millones de hogares (cerca de 6 millones de colombianos) que todavía siguen utilizando insumos como leña, carbón, residuos y combustibles líquidos para cocinar, resulta difícil entender cómo en un eventual escenario en el que se tenga que importar gas de Venezuela, que costaría hasta cinco veces más el valor de la factura actual, según cálculos de Naturgas, se podría seguir cerrando la brecha de acceso a este combustible.

Si la apuesta de este gobierno es promover un cambio estructural por la “Colombia profunda”, esa que tradicionalmente ha vivido a espaldas del Estado, el camino no debería ser el de desestimular industrias estratégicas, como lo es la del gas natural. Si a precios competitivos ha sido difícil llevarle gas a 6 millones de connacionales, que todavía cocinan a ritmo de tos y humo, ¿cómo sería el reto de hacerlo a costos 5 veces por encima del actual y con un proveedor de confiabilidad incierta?

Así las cosas, la “Casa grande” debe contemplar también los datos macroeconómicos, estos no son excluyentes de las variables medioambientales ni de bienestar, por el contrario, son complementarios. De nada sirve el esfuerzo de José Antonio Ocampo por sacar adelante una reforma tributaria tan ambiciosa, si, paralelamente, se le quita el valor estratégico a Ecopetrol, una empresa que, tan solo entre dividendos y regalías, le deja al país, prácticamente, una reforma tributaria por año.