La contemporaneidad hizo moda el culto al individualismo como titular de derechos sobre la organización social, convirtiendo en vector de racionalidad al absolutismo de las minorías con a la imposición arbitraria y dictatorial de la diferencia.

El advenimiento del proyecto globalizador, ostenta en su agenda cual receta, la desculturización social y la relativización de la familia natural como un objetivo de guerra, luego entonces el enfoque de respeto por la diferencia, el cual comparto; no puede convertirse como está sucediendo, en un proceso de imposición arbitraria de un pensamiento único, que pretende la subjetivación y la relativización de un compendio de valores construido durante más de dos siglos por un amplio espectro de la sociedad colombiana, el cual debe ser respetado.

Bien es cierto que el individuo preexiste al Estado, pero no a la sociedad como consecuencia de su conducta gregaria, y es esta condición la que obliga al orden y al equilibrio social sobre los caprichos del muy dañino libre desarrollo de la personalidad, comprado como un axioma del imperativo kantiano, que dicta el uso de la humanidad como un fin, y nunca sólo como un medio.

La decadencia del Estado Nación, como efecto del proyecto internacionalista que ataca fronteras, ejércitos y a la institución de la familia natural como núcleo esencial de la sociedad, tiene como finalidad conculcar y desaparecer cualquier constructo o sentimiento de arraigo y de sentido de pertenencia, para propiciar el mercantilismo salvaje sin límites y sin fronteras.

Los derechos del individuo con relación al grupo, fracturaron el pacto social y reforzaron la realidad de un Estado fallido, que sucumbió frente al acoso de las minorías en su intención de cambiar las reglas creadas, relativizando la teoría de la democracia de las mayorías y de la voluntad general.

La reivindicación de derechos para los intereses minoritarios, no puede traducirse en una agresión cultural contra la tradición y los derechos de las mayorías, con la imposición institucionalizada del homosexualismo como un valor fundamental, el aborto, la pedofilia y el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas.

El relativismo moral y la decadencia de las convicciones que sustentan la armónica convivencia social, trascienden al fuero interno y a la vida privada del individuo, cuando su colectivo minoritario acude a métodos absolutistas y a la imposición de su ideología de género, irrespetando la diferencia de las mayorías. Luego entonces no se trata solamente de aspectos o de comportamientos que solo atañen al individuo cuando estos causan un perjuicio directo en el orden social y a la moral como el derecho de muchos.

Debe existir entonces un equilibrio entre el deber del Estado para la salvaguarda de la integridad y la defensa contra estigmatizaciones excluyentes de los colectivos minoritarios, con la defensa del derecho a la tradición y a los principios morales que identifican al interés general de las mayorías como base del orden social, priorizando en la tutela de la familia natural y en los derechos de los menores.

La intolerancia de estos colectivos minoritarios ha cogido un impulso vertiginoso y grotesco, al punto de ejecutar sodomías públicas en su conmemoración al orgullo gay, en un formato lúdico de pornografía, que se traduce en una falta flagrante de respeto para con la sociedad y las mayorías heterosexuales, causando asco, fastidio, repudio y oposición. Las manifestaciones sexuales explicitas en homosexuales y heterosexuales deben permanecer en la esfera privada.

El discurso de tiranía de la comunidad lgbti, ya permeó a las instituciones públicas con una estrategia publicitaria agresiva y lesiva del bienestar colectivo, comprometiendo inclusive recursos del erario para la promoción selectiva de sus intereses minoritarios.

Así las cosas, bienvenido el respeto por la diferencia contra la alienación, discriminación, agresión y cosificación de las minorías, lo que no puede entenderse y menos interpretarse, como la aceptación o imposición de una agenda minoritaria en demerito de la armonía y concordia social para el interés superior del conglomerado colombiano.