La Alcaldía convocó a una relatoría para presentar un informe sobre lo que pasó en las manifestaciones del 9 y 11 de septiembre. Este acto fue respaldado por Naciones Unidas y deja en evidencia a desigualdad judicial entre la Policía Nacional, los manifestantes de la primera línea y los civiles comunes. Ante la presentación del informe, la rama Ejecutiva salió en oposición a las responsabilidades que recaen sobre el Gobierno Nacional y Policía Nacional.

Según la relatoría, durante las marchas hubo 14 asesinatos, lesión de al menos 75 personas por armas de fuego, 43 heridos por armas cortopunzantes, 187 personas heridas por otro tipo de armas y 216 policías heridos. Hasta hoy, solo hay cuatro imputaciones de cargos a patrulleros de los 14 asesinatos que hubo en esos tensionantes días. Sin embargo, esos cuatro casos están estancados y solo tres han pasado a fase de juicio. La violencia que se desató esos días era una bola imparable, en la relatoría se presentó evidencia en video que muestran personas vestidas de civil que disparan contra manifestantes. Aun peor, se ve a miembros de la Policía intercambiar armas de fuego con civiles.

La rama Ejecutiva ha salido a descalificar los resultados de dicho informe, se basan principalmente en que Carlos Negret hizo parte de la investigación, ahora candidato al Senado. Lo que más controversia ha generado entre ambas partes es que el informe señala a la Policía de cometer “masacres” en medio de las protestas. Diego Molano, ministro de defensa, en una entrevista con Blu Radio afirmó que es importante saber lo que sucedió en esos días, pero rechazó las acusaciones a la Policía. La percepción de ministro es que la ciudad estaba bajo ataque y la Policía debía responder bajo el derecho del debido proceso. Asimismo, criticó que el informe está asumiendo acciones judiciales que le corresponden a la Fiscalía y la Procuraduría. Por su lado, el ministro del interior, Daniel Palacios, anotó en entrevista con Semana Tv que el informe no es independiente porque se anunció el mismo día en que Negret hizo pública su candidatura al Senado. Por último, está Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, que atacó la participación de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos en Colombia tras las protestas. Dice la vicepresidenta que en la asesoría y participación de la socialización del informe, la Alta Comisionada tenía un desconocimiento de las instancias diplomáticas y del conducto regular.

Las familias de las víctimas siguen a la espera de justicia por la violencia desatada contra sus seres queridos. Algunos familiares de los 14 asesinados han recibido amenazas de muerte por seguir insistiendo en que los casos de sus familiares no queden en impunidad.  Ya pasó un año desde esos días que parecen una pesadilla terrible, pero para algunas personas la pesadilla continua en la lucha de buscar justicia por sus seres amados. La reforma a la Policía continua siendo un debate y las reformas que necesitan aún no se han concretado.