Se derrumba la credibilidad de Miguel Ángel del Río. Por: Eduardo Mackenzie

Eduardo Mackenzie-Columnista- elBogotano

Qué extraños modales tiene Miguel Ángel del Río Malo, uno de los asesores del presidente Gustavo Petro. Ese señor parece ser de aquellos que piensan que tener en el bolsillo una credencial de abogado permite pasar por encima de la ética de esa profesión y comportarse como una rueda suelta en la sociedad.

El abogado del Río hace exhibición de esas malas costumbres en estos momentos: repite la creencia de su patrón, Gustavo Petro, de que el coronel Oscar Dávila Torres, que trabajaba en el servicio de seguridad del jefe de Estado, “se suicidó”. Reitera esa versión no confirmada por Medicina Legal sobre ese hecho gravísimo --la súbita y violenta muerte el pasado 9 de junio en una calle de Bogotá del coronel Dávila Torres, de la Policía Nacional--, sin que él, ni Gustavo Petro, hayan sido testigos presenciales de ese hecho sangriento.

Lo que más llama la atención es que el penalista Ángel Del Río responde con arrogancia a la Fiscalía. Cuando ésta, en el marco de esa investigación criminal, lo cita para que explique su punto de vista y sobre todo muestre qué pruebas tiene sobre el supuesto suicidio del oficial Dávila Torres, el penalista anuncia que no irá a la audiencia.

No presentarse a la citación de la Fiscalía podría ocasionar al penalista una acusación de desacato y obstrucción a la justicia. Pues una cosa es ir a la audiencia y guardar silencio en ella (a lo que todo justiciable tiene derecho) y otra es desafiar la autoridad competente que lo ha convocado para interrogarlo.

El penalista y militante del partido extremista Pacto Histórico ha generado gran rechazo en la ciudadanía por lo que hizo para tratar de imponer la versión personal e interesada del “suicidio” del coronel Dávila a los medios y a la opinión pública, sin presentar a éstos el menor indicio, ni una sombra de prueba, de lo que él cree saber. Y pasando por encima de Medicina Legal la única entidad oficial encargada de hacer la autopsia y de aclarar si hubo o no un vil asesinato el 9 de junio.

El penalista Ángel del Río lanzó, además, la especie de que el coronel Dávila, aterrado, lo había buscado a él, Del Río, para contarle que un funcionario no identificado de la Fiscalía lo estaba amenazando y exigiéndole silencio sobre el caso Petro/Sarabia/Benedetti --de escuchas ilegales, dineros ocultos, detención arbitraria y uso irregular de un polígrafo–, y que, incluso, le había advertido que un grupo no identificado no se detendría “hasta que corriera sangre”.

No contento con eso, y para desviar aún más la mirada de los investigadores, agregó que una periodista de la revista Cambio, había intimidado al coronel Dávila y que a causa de esa presión el oficial se había “suicidado”. Según el asesor penal de Petro, el intento de Sylvia Charry de entrevistar a Dávila había sido “el detonante” del suicidio del coronel. Al abogado no le importó que semejante alegación sin prueba pudiese destruir la credibilidad de la periodista y poner en peligro su vida. Por fortuna, Sylvia Charry, víctima de Del Río, no cedió ante el miedo: supo defenderse y mostró cómo ella jamás había intimidado ni abusado de su condición de periodista en su corto contacto telefónico con el malogrado coronel. Y Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, respaldó enérgicamente a Sylvia.

Alarmados por los métodos inadmisibles del abogado Del Río, varios periodistas exigieron la retractación. El 13 de junio, éste tuvo que retroceder. Escribió: “Jamás he pensado que su llamada periodística desencadenó la muerte del coronel Dávila”. Esa revocación confirmó que las alegaciones del penalista son débiles si no torticeras.

El otro problema es que el abogado no responde a los llamados de la prensa. Nadie ha podido entablar una entrevista con él sobre esos temas candentes. Debería hacerlo pues cada día afloran nuevos detalles que derriban la tesis del suicidio y hacen pensar que hay una conjuración de silencio.

La familia del coronel informó a la prensa que pocos minutos antes de que el chofer del oficial anunciara que éste se había “suicidado”, la hermana de Dávila recibió una llamada telefónica. El oficial estaba feliz con la noticia de la aparición de los cuatro niños perdidos en la selva del Guaviare. La familia del occiso y algunos analistas ven en ello la prueba de que el coronel no estaba deprimido ni al borde del suicidio.
Otro misterio: Blu Radio reveló que el conductor de la camioneta donde se supone el coronel Dávila fue asesinato o suicidado, es el mismo de la exjefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia, cuya actuación está en el centro del escándalo del polígrafo y del interrogatorio ilegal de su niñera. Pues el conductor habitual del coronel Dávila había sido enviado prematuramente a vacaciones, días antes de la tragedia del 9 de junio. El chofer reemplazante violó las normas de seguridad al salir del vehículo y dejar en un asiento su arma de dotación. Las autoridades no han aclarado si esa pistola fue la utilizada por el suicida o por su asesino. En el techo de la camioneta fue encontrado un orificio de bala.

Finalmente, el asesor jurídico de Gustavo Petro parece acudir con frecuencia a la cuestionable táctica de evitar ir a las audiencias. La prensa informa que Del Río fue citado por la Fiscalía para que presente las pruebas de lo que dice sobre el no probado “suicidio” del coronel Dávila. El penalista respondió que no irá a la Fiscalía. Así no más, como si esa fuera la mejor opción.

Las armas del buen abogado son atender los requerimientos de las autoridades, discutir en los estrados, batallar con argumentos, exponer, una y otra vez, las tesis de su defendido, invocar con precisión la legislación, la Constitución, las leyes, decretos y la jurisprudencia del país, en lugar de proponer a sus clientes escurrir el bulto.

¿Qué lectura hacer de las extrañas actitudes de Ángel del Rio Malo y del presidente de la República? Que hay un interés en clausurar cuanto antes el siniestro affaire de los dineros ilegales que entraron a la campaña de Gustavo Petro en 2022 y lanzar un manto de olvido sobre la muerte del coronel Dávila. Si la Fiscalía y los demás organismos de control ceden ante tales presiones, el comando que segó la vida del coronel Dávila Torres seguirá con las manos libres para emprender nuevas atrocidades y robarles a los colombianos, en la mayor impunidad, la verdad de cómo y por qué ocurrió lo del pasado 9 de junio. Y no olvidemos: lo que está en juego es el destino de Colombia.

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