21 miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia reconocieron ante la JEP su participación en 247 casos. Entre los involucrados se encuentra un general del ejército y un civil, responsables de la situación en El Catatumbo y en la Costa Caribe.

Ante la JEP, un general, once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un civil, aceptaron su rol en el asesinato y desaparición forzada de personas inocentes en el Catatumbo, entre 2007 y 2008, y en el Cesar entre 2002 y 2005. El general Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30, ubicada en el Norte de Santander, pidió perdón e indicó estar a disposición para colaborar con el esclarecimiento de las acciones realizadas.

“Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador”, fueron sus palabras, plasmadas en el escrito enviado a la Sala de Reconocimiento.

La respuesta de la Sala de Reconocimiento no tardó en llegar. Según el organismo, es necesaria la búsqueda de la conciliación, para ello, emitieron un documento en el cual se plantean cuatro puntos importantes para llegar a las audiencias con toda la información necesaria y proceder con la reparación a los afectados: “1) realizar acciones pedagógicas del proceso adelantado en el caso 03, subcasos Norte de Santander y Costa Caribe; 2) identificar las expectativas y valoraciones de las víctimas frente al reconocimiento de responsabilidad que deben presentar los máximos responsables en una audiencia pública; 3) realizar encuentros restaurativos privados entre víctimas y comparecientes y 4) preparar el camino restaurativo para la formulación de propuestas del componente reparador de la sanción propia a que haya lugar”.

Cabe recordar que desde la fundación de la Jurisdicción Especial para la Paz, varios miembros de las fuerzas armadas han sido imputados con cargos por el asesinatos de civiles y hacerlos pasar por bajas de combate.