Inversionistas, los verdaderos ganadores del Acuerdo de Escazú: Por Juan José Guzmán Ayala

Juan José Guzmán Ayala
Juan José Guzmán Ayala
Economista y Profesional en Desarrollo Sostenible de Columbia University
Twitter. @jj_guz
Instagram. @jay.guz

El jueves 17 de junio de 2021 se votará en el Congreso de la República la ratificación del controversial y malinterpretado Acuerdo de Escazú. Desde que el gobierno Duque se adhirió al Acuerdo en diciembre de 2019, ciertos partidos políticos, gremios y actores del sector privado han venido ejerciendo una dura presión para que el Congreso vote por no ratificar el Acuerdo, que entró en vigor el pasado 22 de abril. 

Con argumentos que recuerdan las tesis de los inversionistas del siglo pasado, los opositores a la ratificación del Acuerdo arguyen que este “es un peligro para la soberanía del país e introduce elementos que pueden desestabilizar la viabilidad de la inversión privada en Colombia.” Abogados y expertos en derecho internacional se han referido ampliamente al primer punto, desmintiendo aseveraciones que desconocen la estructura legal del Acuerdo y las consecuencias de su ratificación, y por tanto me referiré a los méritos del segundo argumento y como no reconoce que una de las partes que más podrá beneficiarse del Acuerdo, son los inversionistas. 

En términos resumidos, el Acuerdo de Escazú es el resultado de cuatro años de negociaciones entre países de Latinoamérica y el Caribe, donde se establecen mecanismos para garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en procesos de toma de decisión territorial, y el acceso a la justicia ambiental.

En 2019, Colombia fue el país más peligroso del mundo para líderes ambientales con 64 personas muertas, representando el 30% de todos los asesinatos de líderes ambientales a nivel global. Adicionalmente, según un estudio reciente, el país cuenta con graves limitaciones en cuanto al acceso a la justicia en el contexto de disputas sobre licencias ambientales. Evidentemente, el paradigma de desarrollo en el país establece de manera implícita una incompatibilidad entre la justicia, el crecimiento económico territorial y la estabilidad judicial. Entonces, no es de sorprender que una lectura superficial del Acuerdo pueda concluir que este ahondará en ese conflicto y construirá nuevas barreras que permitan que “comunidades mal informadas” frenen el desarrollo económico del país. 

Tal lectura refleja un entendimiento simplista y poco matizado de las características socioculturales y económicas de sistemas que logran armonizar la justicia, el crecimiento económico, la administración sostenible de recursos naturales y los intereses particulares en un Estado de derecho. En particular, desconoce tres factores originadores de conflictos que imposibilitan la gestión justa y próspera del territorio.

El primero es la fuente fundamental de todo conflicto, la existencia de información asimétrica, es decir cuando una de las partes cuenta con más información que la otra. En el territorio donde la inequidad económica y educativa es rampante entre desarrolladores de proyectos y comunidades, la falta de transparencia en el desarrollo económico es un agravante para los conflictos.

El segundo, es la preponderancia de procesos de consulta previa poco predecibles y mal estructurados donde se discuten procesos ya cercanos a una versión final, y donde la participación de las comunidades se limita a negociaciones de beneficios económicos y no a la construcción compartida de la visión de la utilidad de un proyecto.

Tercero, la incertidumbre generada por la desaprobación por grupos dentro de las comunidades donde se desarrollan los proyectos. En ocasiones, esta desaprobación se convierte en una animosidad que puede generar paros pacíficos y violentos, al igual que acciones legales, riesgos reputacionales para las empresas, entre otros conflictos. 

La prevalencia de estos tres factores son la consecuencia directa de que Colombia, aunque el país cuente con unas excelentes leyes de protección al medio ambiente y los derechos de comunidades en el territorio como bien lo indican los detractores del Acuerdo, carece de mecanismos institucionales y privados para garantizar una buena gobernanza. 

Pero, ¿por qué sería esto relevante para un inversionista cuyo objetivo es maximizar retornos, no gestionar el territorio, las leyes o los recursos naturales?

Desde hace ya varias décadas, el paradigma donde en las decisiones de inversión se limitan a evaluar proyecciones e indicadores financieros viene desmoronándose. La incorporación de factores no-financieros en la toma de decisiones de inversión se ha postulado como un mecanismo para desbloquear “alpha,” es decir, lograr mayores niveles de retorno al abordar de manera explícita y detallada los riesgos que podrían afectar el desempeño del proyecto, empresa o instrumento financiero en el que se invierte. Reconociendo que los estados y sus leyes son imperfectas tanto en su concepción como en su aplicación, estándares sociales, ambientales y de gobernanza, también conocidos como factores ASG, se han convertido en un mecanismo para que los inversionistas logren evaluar si los supuestos económicos y financieros de sus modelos, son igual de sólidos en la realidad.

 Hoy en día, más de 60 billones de dólares en activos, o el 50% de la base total de activos institucionales globales, son administrados por signatarios de los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés). Más allá de la motivación de mercadeo que “invertir con responsabilidad” puede traer, una reciente evaluación de más de dos mil estudios sobre el impacto de la utilización de mecanismos de inversión ASG demuestra que en la mayoría de los casos, existe una relación positiva entre desempeño ASG y desempeño financiero corporativo. Una buena gobernanza se convierte entonces en un mecanismo para aumentar los retornos financieros y hacer más atractiva una inversión. 

El Acuerdo de Escazú nos presenta una oportunidad, que aunque lejos de ser ideal, es un paso en la dirección correcta para que el sector privado colombiano logre entrar al siglo XXI, posicionando procesos de gobernanza territorial robustos que logren mitigar el riesgo socio-ambiental de invertir en un país donde un simple paro puede llegar a reducir la calificación de riesgo soberana.

El Acuerdo nos abre las puertas para construir mecanismos que viabilicen este tipo de procesos de construcción de consenso a nivel territorial. 

Como colombiano prefiero un país con procesos largos que garanticen proyectos con una buena gobernanza socio-ambiental que sean conducentes a la estabilidad jurídica y la prosperidad económica en los territorios, que uno donde la resolución de conflictos se realice o de manera expedita donde nos limitemos a acatar normas insuficientes para atraer inversión o donde baste con apretar el gatillo para cerrar una discusión.  

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