Con 73 votos a favor y 51 en contra, el controvertido artículo 68, incluido en el proyecto de ley anticorrupción, fue aprobado este lunes en la noche. La aprobación del mismo significará que los periodistas no podrán denunciar a los funcionarios públicos que estén envueltos en actos de corrupción, de hacerlo, estarían incurriendo en un delito.

El delito de “injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, condiciona a la prensa pues no se podrán realizar investigaciones exhaustivas a los funcionarios envueltos en una polémica. Según el informe de la ponencia, presentado el día de ayer en el Congreso de la República por el representante de Cambio Radical, César Lorduy, quien “pretenda atacar las labores de un empleado del Estado", podría recibir entre cinco y diez años de cárcel. Además de privar la libertad del periodista, la sanción económica puede oscilar entre los $12 millones hasta los $1.362 millones de pesos. Cabe resaltar que entre las propuestas del artículo, se estaría eliminando la retractación, aspecto que terminaría de condicionar a la prensa.

“El Proyecto de Ley tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público”, indica el controversial documento.

Luego de que algunos congresistas acogieran la propuesta, la decisión comenzó a tener repercusiones a nivel interno. Uno de los primeros pronunciamientos fue realizado por Juanita Goebertus, representante a la Cámara del partido Alianza Verde. “La Corte Constitucional ha sido clara, los servidores públicos tenemos una limitación mayor a nuestra privacidad y tenemos que estar sometidos a un control periodístico mayor”.

Vea algunas de las declaraciones de Juanita Goebertus:

Siguiendo a Goebertus, Gabriel Santos, representante por el Centro Democrático, indicó que “en un momento donde los colombianos desconfían en las instituciones y de sobre manera en el Congreso, lo que deberíamos estar haciendo como legisladores es abrir la puerta a la revisión”.

Mientras tanto, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), expresó preocupación frente a la propuesta: “Este tipo de medidas son altamente inconvenientes para el ordenamiento jurídico, y regresivas para la garantía de la libertad de prensa”.