La jurisdicción de la paz hizo la solicitud ante la Procuraduría, tras establecerse que estos asesinatos pueden relacionarse entre sí. El organismo solicitó que, durante la investigación, se implemente una metodología de análisis de casos basada en los patrones de victimización hallados.

La Sala de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ve estos atentados como un obstáculo para ofrecer garantías de seguridad que se pactó con los firmantes del Acuerdo de Paz.  Además, la jurisdicción le solicitó a la UNP (Unidad Nacional de Protección) implementar una metodología de análisis de casos, donde se puedan evidenciar tendencias y regiones en riesgo. Este esfuerzo busca mitigar la violencia que se ha desarrollado contra excombatientes a nivel nacional. La JEP plantea la intervención de todas estas instituciones para poder ofrecer respuestas ágiles ante las amenazas de los exFarc.  

En el informe de la ONU, se había revelado que más de 290 excombatientes han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz. Ahora en épocas electorales, esta población ha corrido mayores riesgos cuando intentar participar en la política o reincorporarse a la sociedad. En el mismo informe, el Cauca, Nariño y Valle del Cauca son los departamentos en donde más asesinatos han ocurrido contra los excombatientes.

Las autoridades deben resolver estos 35 casos para tener una respuesta sobre estas circunstancias. El Estado colombiano pactó en el 2016 un Acuerdo, uno de los puntos fue garantizar la seguridad de las personas que dejaran las armas para reincorporarse a la sociedad. Al no poder cumplir estas garantes, la JEP ve posible un escenario en donde las personas se vean obligadas a volver a la lucha armada para no arriesgar su vida.

Ofrecer una sociedad segura y tolerante es una tarea de todos, desde la sociedad hasta las instituciones más altas. Por ahora, el panorama es alarmante en el país, la violencia contra líderes sociales y excombatiente parece no tener fin. Responder oportunamente a las advertencias y amenazas que reciben las poblaciones atacadas debe ser una prioridad. De la mano con esto, debe ir un proceso ágil y eficaz para esclarecer los hechos de violencia que suceden, así no quedan impunes y se desmantelan organizaciones criminales.