Este martes, 20 de julio, el Gobierno Nacional radicó la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República. A través de este proyecto de ley, se buscará el recaudo de 15.2 billones de pesos para financiar programas sociales y tapar la laguna fiscal que ha dejado la pandemia del Covid-19.

Según afirmó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el 'Proyecto de Inversión Social', no afectará a la clase media. Destacó que esta reforma tributaria de 2021 es sencilla, atinada y permite solucionar las necesidades sociales y de estabilidad fiscal que necesita el país.

"Esta ley de inversión social busca financiarse sin afectar a la clase media, sin afectar a las clases vulnerables, sin modificar el IVA, sin cambiar los impuestos en pensiones, sin aumentar la base de personas naturales en impuesto de renta. Acudiendo al sentido solidario del sector empresarial", comentó el ministro.

A través de esta iniciativa, el Gobierno pretende extender por lo menos hasta 2022 programas sociales que han ayudado a apaciguar el impacto negativo ocasionado por la emergencia sanitaria.

El proyecto establece dos medidas permanentes y una transitoria específica para las empresas. Las dos primeras surgen del desmonte de los beneficios de la pasada reforma tributaria de 2019 y se revisarían pasados 5 años. Al igual que, se desmonta la ampliación del descuento tributario por pago de ICA del 50% al 100% en el impuesto de renta.

Beneficios sociales

El ingreso solidario irá hasta finales del 2022 en las mismas condiciones de monto y tributarias con hoy rigen. A partir de julio de 2022, el monto del giro deberá considerar el número de personas de cada hogar y el grupo de clasificación del Sisbén IV.

Se amplía de forma temporal el PAEF, desde julio hasta diciembre de 2021, se aplicará a los beneficiarios potenciales que para marzo de 2021 tuvieran máximo 50 empleados. Pero si a la hora de postularse la empresa beneficiaria tiene más de este número de trabajadores, no perderá la ayuda, sino que esta cubrirá a los primeros 50 empleados.

Empleo y educación

El proyecto establece un incentivo para la creación de nuevos empleos, con énfasis en puestos de trabajo para jóvenes:

• Jóvenes de entre 18 y 28 años. El empleador recibirá el 25% de un salario mínimo mensual por cada trabajador adicional.
• Trabajadores adicionales. Por cada nuevo trabajador que no sea joven y que gane hasta tres salarios mínimos mensuales, el empleador recibirá un aporte estatal del 10% de un salario mínimo legal. Este incentivo estará vigente desde la promulgación de la ley hasta agosto del 2023.

Por otra parte, el proyecto contempla que, de forma permanente el Gobierno destine cada año, a los jóvenes de las familias más vulnerables, los recursos para cubrir el valor de las matrículas de pregrado en universidades e instituciones de educación superior públicas a través del programa de Generación E y otros esquemas de acceso a la educación superior.

Otros puntos del proyecto de ley

Normalización

Para el 2022 se creará el impuesto a la normalización tributaria como complementario al de renta. La tarifa de este será de 17 por ciento, dos puntos porcentuales más de la que se aplicó para la vigencia de 2020. Será un impuesto transitorio.

Austeridad del gasto

Durante 10 años contados a partir de la aprobación de la ley, el crecimiento anual de la adquisición de bienes y servicios de las entidades y organismos incluidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) no podrá superar la meta de inflación esperada para cada año.

Superávit para el 2025

La iniciativa apunta a que se logre un superávit primario estructural en 2025, y a mantener como límite de la deuda pública el 55 % del PIB, hasta un máximo de 71 %. Que los miembros del Comité Autónomo de la Regla Fiscal tengan honorarios y un equipo técnico.

El proyecto contempla que este mismo año aumenten los gastos del presupuesto nacional en 10,5 billones de pesos. Esta disposición permitirá cumplir con decisiones ya tomadas por el Gobierno, como la matricula cero en las universidades públicas.