La ciudadanía colombiana por medio de decretos presidenciales desde el año 2015, bajo el mandato del gobierno de Juan Manuel Santos empezó a ser restringido al derecho a portar armas de fuego para su defensa personal. Caso no contrario, el presidente actual, mediante decreto continua la prorroga de esta decisión cada año, dejando en completa vulnerabilidad a cada ciudadano de bien ante la criminalidad que día a día somete al país. Claramente estamos enfrentados a la agenda GLOBALISTA de George Soros, donde una de sus prioridades es desarmar al pueblo y por consiguiente a la fuerza pública, en el país que sea; caso no muy lejano de esa estrategia está ocurriendo en los Estados Unidos donde la izquierda no solo busca desarmar a la policía, sino abolirla con su programa nefasto (Defund the Police), una maniobra que de llegar a ganar las elecciones el candidato que los representa, podría empezar a cumplirse en los estados demócratas, facilitando su objetivo de tener menor resistencia en su proceso de descomposición social, y la claudicación de la ley y el orden.

Los acontecimientos ocurridos en varias ciudades de Colombia contra la fuerza pública, no son más que estrategias muy bien programadas y desarrollados por el terrorismo urbano, financiadas por organizaciones no gubernamentales (ONG’s) a nivel mundial, grupos terroristas, y muy posible por políticos de izquierda que solo buscan darle cumplimiento a la agenda GLOBOCOMUNISTA para así desaparecer las democracias del hemisferio e implementar el nuevo orden mundial. Es cierto que varios miembros de la policía nacional cometieron unos procedimientos de arresto a un ciudadano por fuera de los protocolos que se deberían haber seguido para dicho acto. Es lamentable la muerte de cualquier ciudadano en manos de la fuerza pública por malos procedimientos, y se deben hacer las investigaciones respectivas ante cada caso; pero hay que considerar que en la policía nacional quizás al día de hoy, puede tener un promedio no menos de 150.000 honorables ciudadanos en servicio de la sociedad, que día a día, son los primeros en estar prestos a proteger a cada persona bajo cualquier circunstancia de peligro. Mientras la población huye de los ataques terroristas y amenazas criminales, son nuestros policías y militares los únicos que corren en sentido contrario a ponerle el pecho a las balas, y así proteger a la población civil, ya que “ser policía o militar no es un trabajo, es una vocación”.

Una reforma a la policía como lo proponen varios políticos debe ser bienvenida desde que sea exclusivamente para su mejoramiento y profesionalización de nuestra fuera publica, no para cumplir exigencias políticas, o para darle cumplimiento a ciertas agendas oscuras y nefastas a manos de la izquierda. Pretender pasar a la policía nacional al ministerio del interior, es deslegitimar sus funciones, y su razón de ser, especialmente en un país donde el narcotráfico y el terrorismo golpean a nuestra fuerza pública como en ningún otro país del mundo. Trasladar esta institución a tal ministerio es politizar a la policía, la convertiría en una ficha de ajedrez para el uso y el abuso del gobierno de turno, y no para lo que fue constituida según dice el artículo 218 de la constitución colombiana (La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario). Esto ratifica que debe estar al servicio de los colombianos, y no al servicio del ministerio de la política.

Profundizar el tema de derechos humanos en la capacitación de los policías debe ser esencial para su desempeño, pero todo esto debe ocurrir bajo los parámetros de que esas personas que visten con honorabilidad ese uniforme verde olivo, sean tratados como lo que son; seres humanos y que tienen derechos como al igual que todo ciudadano, ya que no se les puede dar más obligaciones y condicionamientos, con menos derechos. Ningún ciudadano del común, puede tener la faculta de agredirlos o atentar contra sus vidas sin que ellos puedan actuar como autoridad, ya que ser policía, no significa que debe renunciar a sus derechos que tiene como ciudadano natural, que es defender su integridad física, su dignidad o sus bienes.

La policía representa la autoridad que el pueblo colombiano le confiere como constituyente primario, con la finalidad de que los proteja y haga uso de sus facultades para minimizar o neutralizar cualquier amenaza que pueda representar ante el mismo o un tercero; lógicamente bajo sus niveles de fuerza proporcional, sin desviar el objetivo principal que es mantener la paz, el orden, y llevar a los criminales ante la justicia. Los índices de desmotivación dentro de la policía nacional son altos, todo ocasionado por una serie de factores que les desalienta; no tienen un gobierno que les respalde, los ministros que llegan a la cartera de defensa, van en tránsito a una candidatura presidencial, los medios utilizan a nuestro héroes no para respaldarlos, sino para judicializarlos  y generar rating, los politiqueros que se confabulan con la izquierda buscan deslegitimarlos y por consiguiente ahora desarmarlos, ya que no son ellos los que tienen que afrontar el riesgo ante el hampa; hablan solo de reformas que van en contra de la seguridad física y jurídica de la policía, pero no se ven propuestas donde se le motive al policía con un mejor salario, un acenso de sus rangos oportunamente, un sistema de salud digno, un trato humano, un respaldo judicial sensato, capacitaciones reales y sin mezquindades, y así decenas de necesidades por las que se enfrenta nuestra fuerza pública, claramente eso no ocurre, ya que las prebendas monetarias y otros beneficios son solo para los congresistas que legislan en beneficio de ellos mismos.

Colombia cuenta con un índice de homicidios aproximadamente de 9.000 casos al año por armas de fuego, esto no incluye armas blancas u objetos explosivos, que están precisamente en manos de la criminalidad. La policía nacional incauta alrededor de 21.000 armas de fuego no legales cada año, de las casi tres millones que pueden haber en el país ilegalmente.  Aun así, con estas cifras pretenden que nuestros policías queden desprotegidos ante los criminales, pues a esos políticos no les importa sino ellos, las camionetas blindadas siguen a sus servicios, sus escoltas nunca dejarían de protegerlos, sus salarios garantizados, su seguridad reforzada, etc. Los resultados de haber desarmado a la ciudadanía por estos cinco años no logro bajar el índice de homicidios desde que esos dos gobernantes tomaron esa decisión dictatorial de dar cumplimiento a esa agenda, ahora cuales serán los próximos índices de homicidios y violencia donde logren desarmar a la policía. Lógicamente cada acción por consiguiente genera una reacción, si la policía no puede defenderse o defender a la ciudadanía, la justicia a manos de las personas del común se incrementara desmedidamente, la criminalidad se desbordara, y quizás incentivara a que nuevos grupos al margen de la ley, (grupos paramilitares) se alcen en armas a raíz de las nefastas decisiones por parte del gobierno. La sociedad volverá a Imperar bajo la ley del Talión (ojo por ojo) llevándonos a la anarquía. Claramente este desarme no es inmediato, como todo en Colombia, todo lo que va en contra de la sociedad es implementado por planes pilotos que son instaurados lentamente, son pruebas que llegan para quedarse, y uno de sus ejemplos ya implementados fue el desarmar a la ciudadanía. Así trabaja el comunismo, lento pero seguro.