El presidente de El Salvador, Nayib Bukele se ha caracterizado a lo largo de su mandato por emprender una guerra contra las pandillas y la inseguridad del país. Comenzó con operaciones policivas y militares para encarcelar a la mayor cantidad de pandilleros que fuera posible de la reconocida banda criminal Los Maras Salvatruchas. Las pandillas, que tuvieron en jaque al país por más de una década, tras las acciones del presidente se vieron rápidamente obligadas a disminuir su actividad delincuencial, disminuyendo el índice de homicidios, hurtos y crímenes en general y a lo largo del país. Sin embargo, esto no fue suficiente para calmar el deseo del presidente de conseguir un país con índices de seguridad similares a los países del primer mundo.

En consecuencia, el presidente anunció públicamente un comunicado dirigido a los líderes de las pandillas; en síntesis, advertía que, por cada crimen cometido por fuera de las cárceles por parte de un pandillero, los miembros presos del mismo grupo delincuencial sufrirían represalias. Por ejemplo, dejar de comer por días, ser encerrados en celdas de castigos, entre otras sanciones aún más fuertes. Las medidas drásticas del presidente Bukele fueron efectivas y aplaudidas por la ciudadanía que disfrutaba un país cada vez más digno, con índices de delincuencia cada vez menores.

No obstante, quienes no vieron con buena cara las medidas aplicadas en el país centroamericano fueron las ONGs, CIDH, y demás activistas protectores de los derechos humanos que arbitrariamente intervenían solo para pedir protección de los derechos de los presos que estaban sufriendo consecuencias por delitos ajenos de sus compañeros fuera de las cárceles, violando el principio de la dignidad humana y de culpabilidad como principio fundamental del derecho penal.

De suerte que, estas acusaciones infundadas con argumentos jurídico fuertes fueron refutados por argumentos elocuentes proveniente directamente del presidente Bukele, quien causó gran polémica a nivel mundial al alegar que los defensores de los derechos humanos solo salvaguardan los derechos de los delincuentes que se encuentran ya encarcelados y con derechos limitados como consecuencia de sus crímenes, mientras que cuando estos mismos agresores cometen delitos en contra de los “ciudadanos honrados”, las comisiones de derechos humanos y ONGs no dicen ni reclaman que estos derechos sean protegidos; una visión muy arbitraria y desbalanceada según piensa el presidente Bukele quien prepondera la dignidad humana de los ciudadanos decentes, por encima de los criminales, al igual que la mayoría de sus ciudadanos que por fin disfrutan de una seguridad medianamente soportable.

Así, con mano dura, determinación y acciones contundentes para acabar con la violencia injustificada de los pandilleros, el presidente Bukele ha logrado bajar la tasa de criminalidad a mínimos históricos en una nación que se veía desesperanzada ante las horribles violaciones de las bandas criminales. Las medidas del presidente han evolucionado, y en el proceso de buscar la erradicación de raíz toda adhesión o sentido de pertenencia con las ideologías violentas que han amedrentado a todo el país.

Luego, el presidente Bukele tomó como ejemplo la forma en que Alemania borró de su país todo rastro de la época Nazi, y ahora pone a todos los presos pandilleros a borrar todo distintivo alusivo a las Maras Salvatruchas en tumbas, grafitis y demás lugares en donde se puedan encontrar, destruyendo completamente su memoria. Las admirables acciones en contra de la delincuencia que ha tomado el presidente Bukele nos deja una reflexión en Colombia, un país lleno de injusticias y grupos armados al margen de la ley que, en vez de recibir castigos ejemplares, recibe curules y puestos políticos.

¿Sería posible en Colombia eliminar grupos delincuenciales y sus ideologías nocivas que no valen la pena preservar, en vez de premiar a sus exparticipantes con trofeos qué admirar? Es un sueño para muchos colombianos, víctimas y no víctimas, que en Colombia el recuerdo del narcotraficante más grande de la historia, o de los guerrilleros victimarios de crímenes de lesa humanidad no despierte orgullo ni sentido de pertenencia, sino únicamente se recuerde con el propósito de educar a la ciudadanía para que la historia no se repita.