El objetivo medular de los gobiernos comunistas, es coartar la libertad, perseguir la diversidad y prohibir el pluralismo, y para lograrlo, empiezan cercenando la iniciativa privada, restringiendo la libertad de conciencia y opinión, vulnerando la propiedad privada, destruyendo empresas, estatizando la economía y concentrando la prestación de los servicios públicos, mediante estrategias aparentemente sociales y democráticas, pero que en realidad, solo buscan debilitar la democracia y entronizar el llamado modelo de Economía Central Planificada.

La lectura desprevenida del texto de la reforma laboral que propone el remedo de presidente que la nación padece y su ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez -confesa comunista- permite concluir, que lo que con ella se persigue, es debilitar antes que fortalecer la economía, y con ello, destruir empresas y empleos privados.

Con el proyecto se pretende hacer una radical reforma laboral y modificar el Código Sustantivo del Trabajo, pero, no para mitigar el desempleo y promover nuevas formas de ocupación, sino para hacer más rígida y onerosa la contratación laboral.

El proyecto intenta modificar normas expedidas con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución Nacional del 1991, entre ellas, el Código Sustantivo de Trabajo y la Ley 50 de 1990, en lugar de acatar lo ordenado de manera expresa en el artículo 53 de la Carta en cuanto a la expedición del Estatuto del Trabajo.

El proyecto refrenda, de manera ociosa y por demás innecesaria, principios de orden constitucional, al igual que, preceptos universales promovidos por la Organización Mundial del Trabajo y acogidos en el mundo occidental, los que, por mandato constitucional, ya hacen parte de la legislación por el hecho de estar incluidos en convenios internacionales que fueron suscritos y ratificados por Colombia.

No siendo poco lo anterior, la reforma pretende legalizar decisiones jurisprudenciales, lo que constituye una extravagante imposición que haría que el Congreso perdiera su independencia como órgano legislativo y terminará reducido y sometido en su labor, a convertir en leyes decisiones proferidas y en ocasiones cambiantes, de la Corte Constitucional.

Como ha transcendido en la opinión pública y, el propio Gobierno lo ha manifestado, el proyecto pretende fortalecer la posición del trabajador y los sindicatos frente a los empresarios, con lo que, antes que protegerse el trabajo productivo, se podrían suscitar mayores discrepancias y conflictos, y el Estado abandonaría su posición de mediador entre ellos para convertirse en defensor de los primeros.

También pretende la reforma, privilegiar el contrato a término indefinido y solo como excepción, aceptar el contrato a término fijo, así como aumentar las indemnizaciones por despidos sin justa causa, lo que haría más rígida y costosa la contratación, impidiendo a las empresas flexibilidad en sus relaciones laborales para adaptarse a las nuevas modalidades de contratación hoy imperantes en el mundo, como consecuencia de los cambios en las necesidades y tendencias del mercado, promovidas por la adopción de nuevas tecnologías y por las crecientes exigencias de los consumidores, lo que comprometería la productividad y la competitividad, desestimularía el empleo formal y, por ende, aumentaría el desempleo.

La reforma también prohibiría, la celebración de contratos de prestación de servicios, o al menos, éstos se entenderían como una relación laboral con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales, lo que de suyo desnaturalizaría esta eficiente modalidad contractual, desestimularía el emprendimiento e inclusive, incrementaría de manera exorbitante los costos del Estado, habida cuenta que es quien más utiliza esta figura de contratación y de manera indiscriminada y masiva.

Pero resultaría aún más grave, la abolición, o la modificación sustancial de las normas que regulan la prestación de los servicios de colaboración temporal o de servicio temporal, desconociéndose la realidad y las necesidades del mercado, y, además, que las empresas que lo prestan, cumplen a cabalidad con el pago de salarios y prestaciones de sus trabajadores, y de aportes a la seguridad social, así como que, el Estado es el mayor usuario de esta modalidad de contratación regulada por la ley.

Es claro y evidente que, de ser aprobado el proyecto, el impacto sería adverso, para todas las empresas que prestan servicios temporales, y peor aún, para los cientos de miles de empresas de todos los renglones de la economía que requieren con arreglo a la ley, de la contratación de este necesario servicio.

Todo lo anterior permite razonablemente señalar, que antes que estimularse y protegerse el trabajo formal y productivo, lo que la reforma pretende, es perpetuar y encarecer el empleo, desconociendo las realidades, necesidades y posibilidades del mercado, la capacidad de las empresas para asumir los sobrecostos de una reforma de estas características, y, ante todo, que su eventual aprobación, antes que reducir el desempleo lo aumentaría y con ello, se alentaría la informalidad y provocaría más inflación.

No en vano la propia ministra del ramo, sin asomo de vergüenza ha declarado, que la reforma no aumentaría puestos de trabajo como tampoco, reduciría la informalidad, y sí, acabaría con la tercerización o intermediación en el mercado laboral. Por su parte el Banco de la República ha estimado que, de pasar la reforma, si podrían perder 450.000 empleos formales en los próximos 3 o 4 años.

El empirismo porfiado, aventurado y temerario de Petro, es insuperable, y son muchos los daños y perjuicios que le sigue infligiendo a Colombia, algunos de ellos irreparables, o al menos, que demandarán muchos años resarcirlos.

Petro destruye o arruina lo que funciona, y solo siembra desconfianza, zozobra e incertidumbre. No en vano, la sociedad civil cada día levanta más su voz de protesta y no cesa de manifestar su rechazo y condena ante tantos despropósitos y desvaríos.

Es tiempo de unirnos en defensa de nuestra imperfecta democracia y en señal de desaprobación al inepto y descuadernado gobierno que padecemos. De ahí la necesidad de seguir marchando en señal de repudio por el Gobierno, así como de aquellos Congresistas plegados a sus dádivas, al igual, que para pedir a la Corte Constitucional que cumpla su deber de defender la vigencia de la Constitución Nacional ante las intentonas de Petro y su bancada de violentarla.

Colofón 1. Lo que ha padecido Álvaro Uribe Vélez de manos de una justicia politizada y vengativa, supera de lejos, la trama de "El Proceso", obra cimera de Frank Kafka. Como Abogado Litigante, Conjuez, Árbitro en Derecho y Profesor Universitario, rechazo, repudio y condeno, la conducta sesgada y pasional de algunos jueces y magistrados, que usan la justicia para desahogar su odio contra el mejor presidente que haya tenido Colombia y el mayor defensor de su hoy amenazada democracia; la misma democracia que mantiene a esos jueces y magistrados que deshonran la Justicia. Sobrecoge que, mientras los criminales se burlan de sus víctimas y de la nación entera, Álvaro Uribe Vélez es víctima de una justicia espuria por deshonesta.

Colofón 2. Para no creer, la torpeza, ignorancia y despropósito del señor Cesar Ferrari quien funge de Superintendente Financiero y ha dado incontables muestras de falta de formación, preparación y conocimientos para ejercer ese cargo, al emitir la Carta Circular 32 de 2023 mediante la cual, y de manera velada, conmina a las instituciones financieras a suministrar información bancaria sin Orden Judicial, lo que constituye una flagrante violación al Derecho a la Intimidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución Nacional, así como al Secreto Bancario y a la Reserva Bancaria. La torpeza del Superintendente financiero no es menor, como tampoco es menor, tamaño yerro por ser un acto abusivo que transgrede el orden constitucional y burla el ordenamiento legal. No se entiende como este señor fue Profesor Universitario. El señor Ferrari debería renunciar y de no hacerlo, ser destituido de manera inmediata.