¿Qué es el acuerdo de Escazú?

Es un acuerdo adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.

El acuerdo en su primer momento fue firmado por Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

La entrada en vigor del mismo se sujeta a las siguientes condiciones: (i) que hayan transcurrido 90 días; (ii) desde el depósito del undécimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

El Acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que al menos 11 países (ya lo han ratificado 12 países) hayan ratificado, aceptado, aprobado o se hayan adherido al Acuerdo. Los países que han ratificado el acuerdo de Casuso: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guayana, Nicaragua, Panamá, San Vicente la Granadinas, Sanint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay, México y Argentina.

Pero lejos de tener un respaldo unificado, el camino para que el Acuerdo de Escazú entrara en vigor ha estado lleno de oposiciones políticas y económicas. Un panorama rápido de esta situación se ve en las cifras: de 33 países de América Latina y el Caribe, 24 firmaron el acuerdo y únicamente 12 lo ratificaron. Como ocurre con todos los tratados internacionales, los países deben ratificarlo para que dicho texto se convierta en ley en sus propios territorios. Y si no hay un mínimo de ratificaciones, el acuerdo no puede implementarse, ni siquiera en los países que lo respaldan. Esa fue la realidad que enfrentó el pacto de Escazú durante más de dos años. El tratado se adoptó el 4 de marzo de 2018 y el 27 de septiembre del mismo año las naciones que quisieron comenzaron a firmarlo. Pero no fue sino hasta el 22 de enero de 2021 que se completaron los 11 países ratificantes que se necesitaban como mínimo para que el pacto entrara en vigor.

El problema es que muchos políticos y empresarios vieron con recelo las garantías de acceso a la información que otorgaba este pacto. Uno de los argumentos más escuchados a lo largo del continente fue que violentaba la soberanía de cada nación al otorgar nuevas normas, que son más garantistas para los defensores ambientales. Sin embargo, del otro lado replicaron que el Acuerdo de Escazú reconoce como una precondición la legislación interna para poder operar.

En Colombia, la principal opositora del acuerdo ha sido la senadora por el centro Democrático Maria Fernanda Cabal quien afirma que de llegarse a ratificar Escazú, cualquier acción podrá ser judicializada no sólo internamente sino en tribunales internacionales, por afectar “los derechos humanos ambientales”.

Para la senadora, es peligroso que el artículo dos del acuerdo reconozca a personas naturales y jurídicas de índole nacional o extranjero que no necesitan contar con personería jurídica para entablar acciones legales.

Actualmente, es inminente el hundimiento del Acuerdo de Escazú en el Congreso pues la Comisión Segunda de la Cámara no anunció el proyecto este sábado. Si el acuerdo de ratificado antes del 20 de junio, se entiende legalmente como rechazado por el congreso.

Leave a Reply

Your email address will not be published.