El articulo 67 de la Constitución Política de Colombia reconoce la educación como un derecho y un servicio público con función social. La formación intelectual de los colombianos ha sido determinante para el avance como sociedad y país. Lastimosamente, gracias a la crisis generada por la pandemia del Covid19 la economía mundial se ha visto afectada, y muchas empresas privadas han tenido que tomar medidas drásticas para sobrevivir: despidos masivos, reducción de salarios, suspensión de contratos, devolución de locales comerciales, entre otros.

Colombia no ha sido la excepción a esta crisis. La medida que más ha afectado la economía nacional es la prohibición de actividades que aglomeren personas, característica esencial para intercambiar productos y servicios, por lo que muchas empresas y empleados atraviesan una critica situación financiera. Esta situación no ha sido ajena al sector de la educación privada, dado que los ingresos de los padres de familia han sido mermados, y ello repercute en las arcas de las instituciones privadas.

La medida preventiva de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia Económica, Social y Ecológica, aceleró el proceso de digitalización en todos los ámbitos de la vida diaria, y en especial en el área de la educación. Por un lado, los jardines infantiles, colegios y universidades se vieron en la necesidad de desarrollar y socializar plataformas digitales en tiempo récord para continuar con sus respectivos calendarios académicos.

De igual forma, los jardines infantiles, colegios y universidades privadas, como empresas que son, se vieron en la necesidad de solicitar créditos y negociar el valor de los arrendamientos debido a los costos que las nuevas medidas les han significado y a la reducción de ingresos que se proyectan para el segundo semestre del año. Adicionalmente la implementación de los protocolos de bioseguridad y la capacitación del personal y estudiantes para su cumplimiento implicarán gastos adicionales para el regreso a clases presenciales.

La otra cara de la moneda son los padres y estudiantes que han debido adaptarse en sus hogares a la nueva rutina virtual. Muchos con la necesidad de comprar computadores o tablets para poder continuar con las clases y adicionalmente aprender la metodología con los profesores para guiar a los estudiantes más pequeños. El esfuerzo de quienes han sufrido suspensión, despido o reducción del salario ha sido titánico para darle continuidad a la educación de sus hijos.

Así mismo, los padres se han visto en la necesidad de solicitar descuentos y plazos para los pagos de mensualidades y matriculas, situación que en varios escenarios ha generado confrontaciones y quejas por las respuestas de las instituciones privadas: descuentos poco significativos y rechazo en la solicitud de plazos para los pagos. Esto ultimo, ha ocasionado el retiro de varios estudiantes de las instituciones educativas privadas, sin la opción viable de trasladarlas a las publicas de manera inmediata dado que los calendarios de actividades no son los mismos.

Quienes sufren las consecuencias de estos desacuerdos son los estudiantes, niños, niñas y adolescentes, que se ven obligados a hacer una pausa en su desarrollo académico y ser sometidos a una nueva realidad en su entorno social y afectivo.

Pensando en ellos es necesario que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación , y las secretarias de educación distritales y departamentales, conforme un equipo que cumpla funciones de garante en alivianar las cargas de ambas partes de esta problemática. Para las instituciones existen las opciones de créditos y exención en el pago del IVA de los arriendos comerciales, y para los padres de familia, están las opciones de reducciones en los pagos y plazos que se acomoden a la realidad económica de las familias. Una cadena de alivios que muevan el sentimiento de solidaridad, es la única solución inmediata para garantizar el derecho de nuestros jóvenes a continuar con su proceso de formación.