Es irónico pensar que las personas actualmente privadas de la libertad por los actos delictivos desatados en el marco de las protestas sociales en el país del 2021 tienen derecho a pasar navidad con sus familias, según manifestaciones del actual mandatario. Y la verdad es que los miles de colombianos, víctimas de dichos delitos, no tenían derecho a que se les atentara contra su vida e integridad personal. Así mismo, la sociedad civil tampoco tenía por qué sufrir las implicaciones de la destrucción de los más de cinco mil bienes públicos y privados que dejaron las protestas, pero así es la vida ¿no?

Todos pagamos por injusticias en este país. Es más, los encarcelados que Petro pretende liberar para ser “gestores de paz” ni siquiera están atravesando ninguna injusticia, lo más justo es que cumplan su respectiva condena por el respectivo acto ilegal que hayan cometido. Si eso implica estar encarcelado a una edad joven y en nochebuena, pues tendrán que asumir esas consecuencias. Estas son directamente proporcionales a sus acciones.

Me parece excelente que el presidente quiera emplear la figura de gestores de paz, pues ya ha sido usada por anteriores presidentes con una función resocializadora y reconciliadora. Sin embargo, este mecanismo no puede ser recurrido de manera indiscriminada. Son 230 las personas cuyos casos están en estudio para ser liberados como gestores de paz, según el ministro de interior. Serían más de dos centenas de personas que obtendrían este beneficio y quienes deberían ser vigiladas para que cumplan las labores determinadas por el gobierno, pues según Prada, esto no se trataría ni de un indulto, amnistía ni perdón judicial.

Y aquí es donde más raya la ironía, pues estamos en un país que no es que se caracterice por ser el menos corrupto posible y el más eficiente en su administración de justicia. ¿En qué mundo es coherente que un país como Colombia proponga este tipo de instrumentos para personas privadas de la libertad y que se cumpla de manera recta y efectiva? Si actualmente el sistema judicial colombiano no puede garantizar un mínimo decente de punibilidad, ¿cómo pretende garantizar un control justo y transparente de estas personas que serían excarceladas para verdaderamente fungir como gestores de paz?

La reciente ley 2272 del 2022 ni siquiera reglamenta específicamente este término de gestor de paz, en especial en calidad de personas presas por protestas sociales. El ministro de justicia aclaró que le corresponderá a un decreto presidencial regular la manera en que se seleccionarán los gestores de paz. ¡Qué dicha estar al vilo del criterio de una persona que le da pesar que unos presuntos delincuentes no pasen la natividad con sus familiares! Si ese es el mismo juicio que va a emplear para seleccionar a los gestores, más fácil que de una vez anuncie que seleccionará a los 230.

Y por si hacía falta un poco más de ironía petrista, el presidente también manifestó en sus diálogos con las JAC en Pasto que los gobiernos que ordenan detener y encarcelar a jóvenes que protestan no son gobiernos democráticos. Como si fuera muy democrática su propuesta de excarcelación. Es claro, y no tapemos el sol con un dedo, que las personas que se encuentran privadas de su libertad por las protestas sociales del 2021 no están en dicha posición porque salieron a marchar pacíficamente con carteles en mano, sino porque presuntamente llevaron a cabo actos que se consideran delito en este país. Es el proceso judicial el que se encargará de desvirtuar o no su culpabilidad. Como ya se resaltó, no es realista esperar como lo asegura el ministro de justicia que los procesos judiciales de los gestores de paz no se suspenderán mientras desempeñan sus funciones.

En Colombia seguirá existiendo protestas y esto no es algo que la oposición ni nadie quiera impedir ni obstruir, pero precisamente porque es y será una realidad inevitable en el país no se puede flexibilizar el sistema de justicia para las personas que no ejercen su derecho a la protesta de manera pacífica. ¿Qué mensaje se le estaría emitiendo a las personas que vandalizan su propia ciudad y agreden a sus conciudadanos, y a la sociedad en general, si este tipo de propuestas se ponen en marcha? De por sí ya es un chiste la punibilidad en este país, para qué queremos seguir entorpeciéndola más en vez de fortalecerla.

En fin, ironías de este gobierno.