Las Cortes (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, JEP y Consejo Superior de la Judicatura) emitieron el lunes 3 de agosto un comunicado en el que (i) exigen respeto por el sistema judicial en su integridad, (ii) hacen "un llamado a confiar en la acción de los jueces", (iii) salen en defensa de estos al afirmar que ellos "toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley" y (iv) señalan que "Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas".

Es apenas obvio que el mencionado comunicado fue el preludio del auto que decretó medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe, proferido ese mismo día por la Corte Suprema de Justicia. Le sirvió de entrada al auto, de preparación de la decisión que se veía venir.

A mi manera de ver, el comunicado de las Cortes, a más de inoportuno, merece un mayor análisis pues de su lectura parece inferirse -o, más bien, se infiere- que el único escenario para controvertir o analizar las decisiones judiciales es el de las instancias procesales, es decir, la vía de los recursos procesales con que dentro de determinados parámteros cuentan las partes en los procesos.

Es obvio que las decisiones judiciales tienen instancias para ser controvertidas, pero ello jamás puede traducirse en que dichas decisiones no puedan ser sometidas al escrutinio público. Ni más faltaba. Las decisiones judiciales son frecuentemente controvertidas por los mismos magistrados, como se advierte en los salvamentos de voto o en los cambios de jurisprudencia. Y son también objeto de análisis académicos en el seno de los colegios de abogados, en las facultades de derecho, en las agremiaciones académicas, en las cátedras universitarias, en las columnas de opinión, en los medios de comunicación. Fruto de estos análisis son a menudo los cambios jurisprudenciales, es decir, las rectificaciones de la jurisprudencia, que ponen de bulto que en criterio de la misma corporación la doctrina que predicaban merecía ser corregida.

Es muy claro que las Cortes no son infalibles y el solo hecho de que más a menudo de lo que se quisiera cambien la postura jurisprudencial así lo demuestra.

No se puede afirmar que se irrespetan las decisiones judiciales cuando las mismas son objeto de crítica. La crítica no se puede confundir con falta de acatamiento de las decisiones. La crítica es necesaria y la comunidad jurídica y la sociedad en general no pueden convertirse en meros espectadores de las decisiones judiciales, como si no pudieren tener un criterio propio, diferente al prohijado o adoptado por las Cortes, o como si no hubiera opción distinta a la de guardar silencio frente ante dichas decisiones.

Pero hay mucho más: en una democracia todas las ramas del poder público están sometidas al escrutinio público. Basta mencionar que al Congreso diariamente se le cuestiona en los medios de comunicación, al igual que a sus miembros individualmente considerados y a los dirigentes políticos que los representan y que el Gobierno todos los días es objeto de cuestionamiento tanto por el mismo Congreso como por la sociedad, los gremios económicos, columnistas, medios de comunicación y desde luego por la oposición. Ese es el juego de la democracia. Ninguna institución y ninguna dirigencia puede escapar al escrutinio público y a ese escrutinio tampoco pueden escapar las Cortes.

El respeto a las personas depende de la manera como se comportan, de la altura y calidad de sus pronuncimientos, de su conducta pública y privada, de la trayectoria ejemplar. Y el de las instituciones depende de la calidad de sus decisiones, del comportamiento de quienes las integran o representan, del recto papel que cumplen, de la confianza que generan. Si no hay confianza en las instituciones, ello significa que no son bien miradas, que en realidad no hay respeto por ellas. Ese es el gran reto que tiene la justicia, el de producir confianza, el de ser instituciones veneradas