A propósito de la crisis de seguridad que se vive actualmente en Bogotá, el candidato a la Cámara de Representantes con el número 114 por el Centro Democrático, Daniel Orozco Caicedo, aseveró que se debe revisar y ajustar el reglamento que hoy prohíbe el porte legal de armas y pasar a permitirlo de nuevo.

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Garantizar los derechos y/o bienes que pueden ser amenazados ante un ataque inminente, se conoce en derecho penal como el derecho a la legítima defensa cuya configuración exime de responsabilidad penal a quien se ha defendido.

Sin embargo, resulta una limitante para ejercer el derecho a la legítima defensa, la suspensión general o “prohibición en la práctica” del porte legal de armas que fue ordenada en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Tal suspensión, desconoce la inseguridad que enfrentan algunos colombianos que están sometidos a condiciones especiales de inseguridad en áreas rurales y urbanas como Bogotá. Incluso parte de esta población, a pesar de haber acreditado condiciones especiales de seguridad y de tener armas legítimamente amparadas por el Estado, se les prohíbe hoy el porte de armas para su legítima defensa.

De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, Ministerio de Defensa y Fiscalía, la “prohibición” al porte legal de armas no disminuyó el índice de homicidios y por el contrario aumentó. Solo en Bogotá durante el 2021 el uso de armas ilegales de fuego para la comisión de delitos como el hurto y el homicidio aumentó en un 53.5% en Bogotá.

En un comparativo a nivel internacional, se tiene que por ejemplo en países donde el porte de armas es legal como Estados Unidos, se ha evidenciado la reducción de homicidios en un 43% desde 1993 y un decrecimiento de la tasa de criminalidad en un 52% en el mismo periodo de tiempo.

En el caso de Suiza, uno de los países con más armas per cápita en el mundo (28 armas por cada 100 mil habitantes), cuenta con una de las tasas más bajas de crímenes violentos y se ubica en el ranking de los países más seguros con una tasa de homicidios de 0,6 por cada 100 mil habitantes.

Los casos en Latinoamérica también son relevantes. Mientras en países donde está permitido el porte legal de armas como Chile y Argentina, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes para el 2019 oscila entre 2,6 y 5 % respectivamente. En la Venezuela socialista que desde el gobierno Chávez desarmó a la población para someterla a la delincuencia, la tasa llegó a 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. Lo propio ocurrió en Brasil en los regímenes socialistas de Dilma Roussef y Temer cuando la tasa de homicidios alcanzó el 30 % (2017). Con la llegada de Bolsonaro al poder, se permite el porte legal de armas y la tasa de homicidios para el 2019 se ubica en 19.7 % por cada 100 mil habitantes.

En Colombia la tasa de homicidios desde la prohibición del porte legal de armas (2015) llegó a un 25% en 2019 y se estima que continuó en aumento en los años siguientes por cuanto según la Policía Nacional en el 2020 en Colombia murieron 12.018 personas por homicidio; esto es casi 33 personas diarias.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá durante el 2021 el uso de armas ilegales de fuego para la comisión de delitos como el hurto y homicidio aumentó en un 53,5 %. Se reportaron 16.206 casos de agresión de armas de fuego en el año 2021, mientras que en el 2020 la cifra fue de 10.559, un aumento del 40% aproximadamente. Igualmente, entre el 2020 y el 2021 los homicidios aumentaron un 8,7 %, el hurto a personas 28,6 %, el hurto a motos 27,3 %, y celulares 15%.

Los homicidios en Bogotá en medio de atracos están disparados. Mientras en 2018 este tipo de delito registró 52 asesinatos, en 2021 fue de 137, casi tres veces más. Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe, Mártires, Ciudad Bolívar y Suba son las localidades más afectadas.

“Mientras la policía se debe preocupar por incautar armas de fuego legítimamente amparadas que no sobrepasan las 500 mil, el mercado de armas ilegales crece vertiginosamente con más de 4 millones de armas en las calles y la ruralidad. La lucha debiera ser contra el mercado negro, no contra los ciudadanos que tienen el amparo legal para usar un arma de fuego.

Bogotá está prácticamente a merced de la delincuencia. Es imperativo transformar la regulación del principio de proporcionalidad contra el crimen porque la fuerza pública hoy no puede actuar. La respuesta de la fuerza pública debe ser contundente contra el criminal, igual que la del ciudadano. Mientras no exista porte legal de armas y se revise el principio de proporcionalidad frente al delito, nuestro derecho a la legítima defensa estará conculcado. La principal función del uso de las armas legales es la prevención, la disuasión del delito”, puntualizó Daniel Orozco.